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| Martes 29 de mayo de 2001 | |
El magistrado Omar Alfredo Mora Díaz, presidente encargado del TSJ, al dirigir unas palabras a los presentes, resaltó el criterio con que fueron escogidos los nuevos funcionarios judiciales pues se trata de un grupo de abogados altamente calificados de toda la República de Venezuela
El
presidente (e) del Tribunal Supremo de Justicia, Omar Alfredo Mora Díaz,
juramentó a 30 inspectores de tribunales, los cuales tendrán la responsabilidad
de reforzar la acción de la Inspectoría General de Tribunales, es decir,
supervisar y velar por el buen desempeño de los jueces y funcionarios que
administran justicia en todas las circunscripciones del país.
Asistieron
al acto, los también magistrados del alto Tribunal, Yolanda Jaimes, Alberto
Martini Urdaneta, Luis Martínez, Juan Rafael Perdomo, Pedro Bracho, Tulio
Alvarez Ledo, Humberto Briceño León y Octavio Gavidia, éstos últimos, los
respectivos suplentes de los magistrados principales, Iván Rincón Urdaneta,
Franklin Arrieche Gutiérrez, Hadel Mostafa Paolini y Rafael Hernández
Uzcategui.
El
magistrado Mora Díaz, al dirigir unas palabras a los presentes, resaltó el
criterio con que fueron escogidos los nuevos funcionarios judiciales pues se
trata de un grupo de abogados altamente calificados de toda la República de Venezuela,
“seleccionados en primera instancia por la Inspectoría General de Tribunales y
con el visto bueno de la Comisión Judicial del Tribunal Supremo de Justicia”.
- De esta manera la Comisión refuerza la Inspectoría
General de Tribunales, organismo que tiene una altísima misión que cumplir en
el proceso de transformación del Poder Judicial venezolano, pues tiene, entre
otras competencias, la fiscalización y vigilancia del funcionamiento del
sistema judicial en Venezuela, especialmente con relación a la actuación y el
decoro de la función judicial, específicamente, el control jurídico de los
jueces de la República – dijo.
Pero
además de la palabra de felicitación, el titular encargado del TSJ les recordó
a los nuevos inspectores de tribunales el compromiso que asumen ante la
Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, ante el país y con el
alto Tribunal, que no es otro “que ser unos fieles cumplidores de las
obligaciones que se les impone constitucionalmente y actuar con la diligencia y
transparencia debida”.
Reitero
el magistrado Omar Alfredo Mora Díaz el hecho de que cada uno de los 30
inspectores fue seleccionado fundamentalmente por su credencial moral,
antecedentes de vida y experiencia académica. “En el Tribunal Supremo de Justicia
estamos apostando a la transformación del Poder Judicial, donde priven los
criterios de meritocracia, para que no se repitan las antiguas prácticas, donde
la estructura del Poder Judicial se construía por intereses particulares,
clientelares, políticos, etcétera”.
Para
finalizar, el magistrado Omar Alfredo Mora Díaz, dijo que se reconocerá la
buena actuación de los funcionarios que hoy se juramentan, pero que también al
Tribunal Supremo de Justicia no le temblará la mano para sancionar a quien se
desvíe de sus funciones, “pues hasta tanto no legitimemos todo el Poder
Judicial, conforme lo ordena la Constitución, es decir, por la vía de los
concursos de oposición todos los funcionarios son transitorios y por tal
razón, removibles a través de la
Comisión Judicial del TSJ, a solicitud de la Inspectoría de Tribunales”,
precisó el Magistrado.
La
Inspectora General de Tribunales, Josefina Entrialgo, por su parte, al conversar con los periodistas
informó que la Comisión Judicial ha participado a su despacho 16 decisiones
tomadas contra jueces de la República, que abarcan: Destituciones, suspensiones
y amonestaciones. “Pero esa información más detallada se la puede aportar la
Comisión Judicial del TSJ” – acotó.
Al
ser precisada por los reporteros, la Inspectora General dijo que desde que
inicio sus labores, hace 9 meses, han sido acusados aproximadamente 92 jueces
(casos que están siendo debidamente sustanciados) y que en dicho lapso, ha
solicitado aproximadamente 60 destituciones, “así como amonestaciones y
suspensiones sin goce de sueldo”.
Entre
las faltas más comunes por las que se solicitan sanciones contra los jueces y
funcionarios del Poder Judicial, se encuentran, el abuso de poder, infringir la
ley y “la más grave de todas, la falta de conocimiento de algunos jueces. Sin
embargo, quiero aclarar que en Venezuela hay muchos jueces competentes, por eso
es que me cuido mucho para dar los nombres, ya que el interés es preservar la
seguridad jurídica del Estado. Ustedes pueden sacar un cálculo entre la
cantidad de jueces del país, unos 1300 y el número de denuncias, para que se
den cuenta que no es el Poder Judicial en general que es malo, sino cierto
grupo de jueces, funcionarios y abogados que incurren en errores y faltas”.
También
aprovechó la oportunidad para anunciar, para el próximo lunes, “la toma” por
parte de la Inspectoría General de dos estados. “Allí estaré con cinco, seis o
siete inspectores, para revisar y constatar porqué se producen tantas denuncias
contra los jueces y funcionarios judiciales de esa región. Los nombres de las
entidades me las reservó, por razones obvias. No hay que abortar el factor
sorpresa” – expresó.
Sobre
la juramentación de los 30 inspectores por parte del TSJ, la Inspectora General
dijo que se cubre la cuota de 70 inspectores que estaban previstos en el
presupuesto, sin embargo, fue clara al señalar que el despacho a su cargo “para
que tenga una efectiva función debe regionalizarse, y para que esto se cumpla
se deben crear como tres o cinco plazas de inspectores en cada estado, o por lo
menos, crear los Tribunales Disciplinarios, que como ustedes saben está
contemplado en el proyecto de Código de Etica del Juez que está siendo
discutido en el TSJ para su presentación ante la Asamblea Nacional”.
Por
otra parte, fue consultada sobre el problema de los jueces suspendidos con goce
de sueldo, en este sentido señaló que sobre ese particular se tramitaron 22
restituciones y la decisión final, está a cargo de la Comisión Judicial del TSJ.
“El resto tienen abiertos sus respectivos procedimientos disciplinarios con las
acusaciones de rigor, remitidos algunas a la Comisión y otras en etapa de
alegatos y defensa. Es decir, toda esa situación fue investigada y sustanciada
por la Inspectoría General de Tribunales. Lo importante es que la Comisión está
actuando como corresponde, es decir, establece un tiempo determinado de
suspensión como establece la ley, para que no vuelva a suceder lo que
pasó, que transcurrió un año y las
personas suspendidas seguían cobrando ocasionando gastos a la República”.
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