Denuncian violación del derecho constitucional a manifestar pacíficamente

ORGANIZADORES DE LA MARCHA CONVOCADA POR NUEVA REPUBLICA SOLICITAN AMPARO ANTE EL TRIBUNAL SUPREMO

 

 

Un grupo de representantes de la Asociación Civil Defensores Populares de la Nueva República (DPR), encabezados por Hidalgo Valero Briceño, formalizó ante la Secretaría de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, un recurso de amparo constitucional mediante el cual solicitan que se les garantice “la seguridad personal, integridad física y de expresión” a los participantes de la marcha convocada para el día 7 de diciembre próximo, denominada “Tercera Marcha por la Libertad”.

            Hidalgo Valero Briceño, informó a los periodistas de la fuente judicial, que basan su petición en los artículos 27, 43, 46, 53, 55, 57, 62 y 68 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, y los artículos 1,2,8,38,41,41 de la Ley Orgánica de Amparos sobre derechos y garantías constitucionales. “Nosotros recurrimos al Máximo Tribunal, para solicitar amparo constitucional contra las amenazas de violación del derecho a la seguridad personal y del derecho a la vida, ante las reiteradas declaraciones y manifestaciones en los medios de comunicación social, que instigan a la población civil, a la violencia e intolerancia, que han sido promovidas y sugeridas continuamente, por el ciudadano Presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Señor Hugo Rafael Chávez Frías”.

            Los demandantes señalan en su escrito que el 5 de noviembre del 2001, la Asociación Civil Fuerza Solidaria, acudió ante la Alcaldía Metropolitana de Caracas, a objeto de solicitar el permiso correspondiente para efectuar la marcha, el cual fue otorgado. “Sin embargo, el 18 de noviembre el ciudadano Alcalde del Municipio Libertador, Señor Freddy Bernal, en declaraciones ofrecidas al diario El Nacional, propone formar un inmenso escudo humano en las inmediaciones del Palacio de Miraflores, con el objeto de frenar cualquier marcha” – expresaron.

            Igualmente alegan que a estas declaraciones se suman las publicadas en el mismo diario, “ofrecidas por el Ciudadano Presidente, en el sentido de reiterar que ‘la revolución es pacífica, pero armada y que nadie se vaya a equivocar’, todo esto se traduce en que tengamos temor, de que se violen o vulneren nuestras garantías constitucionales, así como las civiles y políticas”.

 

PETITORIO

            Los demandantes finalmente solicitan al TSJ, en su Sala Constitucional, que oficie a los órganos competentes del Ministerio de Relaciones Interiores y Justicia, y de la Alcaldía Mayor de Caracas, a fin de que se prohiba el cordón humano “que amenaza con perturbar nuestra marcha legalmente autorizada por el órgano competente”.

            Asimismo, piden que el Máximo Juzgado decrete la medida de amparo constitucional, donde el Estado garantice la seguridad personal, integridad física y de expresión de los participantes de la marcha.

            “El Tribunal Supremo de Justicia debe instar al Presidente de la República, Señor Hugo Rafael Chávez Frías, para que cese de convocar al llamado cordón humano, y la vigilia, que impediría el paso de nuestra marcha; y igualmente, que se inste al Presidente de la República a moderar y ponderar su lenguaje, en cuanto a la instigación al uso de las armas y a las provocaciones continuas, que convierten a la sociedad civil, en un pueblo hostil y violento” – dijo el demandante, Hidalgo Valero Briceño.

            Para finalizar, los accionantes expresaron que con la acción de amparo sólo pretenden evitar y prevenir “derramamiento de sangre, entre venezolanos inocentes, integrantes de la Sociedad Civil, en cuyo caso responsabilizamos a las máximas autoridades de dirección del país” – concluye el escrito presentado ante la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia.