La iniciativa surge del convenio interinstitucional suscrito entre el Máximo Tribunal de la Nación y la Defensoría del Pueblo, en razón a la falta de conocimiento por parte del ciudadano de sus deberes y derechos en relación con la administración de justicia en particular y la administración pública en general; lo cual con frecuencia coloca al ciudadano común en una situación de desamparo frente a ésta, bien sea por una inadecuada utilización de los recursos jurídicos disponibles o por simple temor a enfrentarse a un sistema que es observado como complejo e inaccesible.

Por otro lado, es el Alto Tribunal de la República quien debe cumplir no sólo la función jurisdiccional, sino ejercer la función de dirección, gobierno, administración y vigilancia de todo el Poder Judicial. En concordancia con eso, la Constitución delinea unos principios para lo que debe ser la justicia que impartan los órganos judiciales: gratuidad, transparencia, imparcialidad, equidad y, la accesibilidad de la población a los servicios de justicia. Con el seguimiento de estos Principios, el Tribunal Supremo de Justicia está llamado a reconocer su función social. Por esta razón, se consideró indispensable brindar servicios de orientación jurídica para las personas que requiriesen de información y orientación acerca de la protección y defensa de sus derechos, especialmente aquéllos que carecen de los recursos necesarios para tener acceso a los órganos de justicia.

Asimismo, con la apertura de oficinas como la de Orientación Ciudadana, se busca el acercamiento por parte de la ciudadanía al Máximo Tribunal, ya que anteriormente el Tribunal Supremo tenía una imagen elitesca y, hasta cierto punto inaccesible para la ciudadanía común.