JUEZ PONENTE: ALEXIS JOSÉ CRESPO DAZA
Expediente N° AP42-G-2012-000022
En fecha 24 de enero de 2012, se recibió en la Unidad de Recepción y Distribución de Documentos (URDD) de las Cortes Contencioso Administrativo, Oficio N° 11-1786, de fecha 1 de diciembre de 2011, emanado del Juzgado Superior Cuarto en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Capital, mediante el cual remitió el expediente contentivo de la demanda por ejecución de fianzas de anticipo y de fiel cumplimiento, interpuesta por la abogada Heidy Sánchez Delgado, inscrita en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el Nº 97.097, actuando con el carácter de apoderada judicial de la FUNDACIÓN DE EDIFICACIONES Y DOTACIONES EDUCATIVAS (FEDE), creada mediante Decreto Presidencial Nº 1.555, publicado en la Gaceta Oficial de la República de Venezuela Nº 30.978, de fecha 11 de mayo de 1976, cuya Acta Constitutiva, fue inscrita ante la Oficina Subalterna del Primer Circuito de Registro del entonces Departamento Libertador del Distrito Federal (hoy Municipio Libertador del Distrito Capital), el 7 de julio de 1976, bajo el Nº 2, Tomo 10, Protocolo Primero, y la reforma parcial de sus estatutos fue publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nº 37.423, de fecha 15 de abril de 2002, adscrita bajo el régimen tutelar del Ministerio del Poder Popular para la Educación, según Decreto Presidencial Nº 6399, de fecha 9 de septiembre de 2008; contra la sociedad mercantil SEGUROS CANARIAS DE VENEZUELA C.A., inscrita ante el Registro Mercantil Segundo del Distrito Federal y Estado Miranda, bajo el N° 12, Tomo 110-A segundo, en fecha 2 de diciembre de 1992, cuya reformulación total de sus Estatutos Sociales fueron registrados ante el mismo Registro, bajo el Nº 65, Tomo 119-A Sgdo, en fecha 28 de agosto de 2003, e inscrita en la Superintendencia de la Actividad Aseguradora bajo el Nº 108.
Dicha remisión se efectuó en virtud de la declinatoria de competencia efectuada por el referido Juzgado a las Cortes de lo Contencioso Administrativo mediante sentencia de fecha 14 de noviembre de 2011.
En fecha 25 de enero de 2012, se dio cuenta la Corte y se designó ponente al ciudadano Juez Alexis José Crespo Daza, a quien se ordenó pasar el presente expediente, a los fines que se dictara la decisión correspondiente.
El 26 de enero de 2012, se pasó el presente expediente al Juez ponente.
Mediante decisión Nº 2012-0167, de fecha 13 de febrero de 2012, esta Corte aceptó la competencia que le fuera declinada por el Juzgado Superior Cuarto en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Capital, y ordenó la remisión del expediente al Juzgado de Sustanciación, a fin de que examinara “los requisitos de admisibilidad de la demanda interpuesta, salvo la relativa a la competencia (...) y de ser el caso aperture el cuaderno separado de medidas”.
El 5 de marzo de 2012, se acordó remitir copia certificada de la anterior sentencia al Juzgado Superior Cuarto en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Capital, a través de Oficio Nº CSCA-2012-001755, librado en esa misma oportunidad.
El 27 de marzo de 2012, el Alguacil de esta Corte consignó copia del Oficio de notificación dirigido al Juez Superior Cuarto en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Capital, el cual fue recibido en fecha 23 del mismo mes y año.
El 9 de abril de 2012, se acordó pasar el expediente al Juzgado de Sustanciación.
Mediante nota de Secretaría de fecha 18 de abril de 2012, el Juzgado de Sustanciación dejó constancia de la recepción del expediente.
Por decisión de fecha 25 de abril de 2012, el Juzgado de Sustanciación admitió la demanda por ejecución de fianza de anticipo interpuesta, ordenó el emplazamiento de la sociedad mercantil demandada, y la notificación de la Procuradora General de la República, FUNDACOMUNAL del estado Zulia y Director, Sub-Director, Coordinador o Secretaría de las escuelas U.E. Nuestra Señora del Rocío del Municipio Santa Rita, E.B.N. Playa Grande del Municipio Sucre y Escuela “J.I. Villa Bolivariana” del Municipio San Francisco, todas del estado Zulia.
Igualmente estableció, el mencionado Juzgado que la audiencia preliminar se fijaría una vez constaran en autos las citaciones y notificaciones ordenadas, y transcurridos los noventa (90) días continuos a que alude el artículo 96 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Reforma Parcial del Decreto con Fuerza de Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, y ordenó la apertura del cuaderno separado a los fines de tramitar la medida preventiva solicitada.
El 26 de abril de 2012, el Juzgado de Sustanciación dejó constancia mediante nota de Secretaría que en esa misma fecha se dio apertura del cuaderno separado, al cual se le asignó la nomenclatura AW42-X-2012-000026; para el trámite de la medida cautelar de prohibición de enajenar y gravar sobre bienes inmuebles propiedad de la sociedad mercantil Seguros Canarias de Venezuela, C.A., la cual fue decretada en fecha 25 de mayo de 2012.
El 7 de mayo de 2012, el Juzgado de sustanciación libró boleta de citación dirigida a la sociedad mercantil Seguros Canarias de Venezuela, C.A., y los Oficios números JS/CSCA-2012-0827, JS/CSCA-2012-0828, JS/CSCA-2012-0829, JS/CSCA-2012-0830 y JS/CSCA-2012-0831, dirigidos a los ciudadanos Procuradora General de la República, Juez distribuidor de Primera Instancia en lo Civil y Mercantil de la Circunscripción Judicial del estado Zulia, Directora de FUNDACOMUNAL del mencionado estado, Juez distribuidor de Primera Instancia de Cabimas, Santa Rita y Simón Bolívar y Juez del Municipio Sucre, ambos de la referida Circunscripción Judicial, respectivamente.
De igual manera, libró boletas de notificación dirigidas a la Escuela “J.I. Villa Bolivariana”, “U.E. Nuestra Señora del Rocío”, “E.B.N. Playa Grande”.
Asimismo, mediante auto del 8 de mayo de 2012, el Juzgado de Sustanciación ordenó notificar mediante boleta a la Fundación de Edificaciones y Dotaciones Educativas (FEDE), de la decisión Nº 2012-0167 de fecha 13 de febrero de 2012 y 25 de abril de ese mismo año.
El 15 de junio de 2012, el Alguacil del Juzgado de Sustanciación consignó boleta de notificación dirigida a la Fundación de Edificaciones y Dotaciones Educativas (FEDE), la cual fue recibida en fecha 6 del mismo mes y año.
Mediante diligencias de la misma fecha, el Alguacil del Juzgado de Sustanciación consignó Oficios dirigidos al Juzgado distribuidor de Primera Instancia en lo Civil y Mercantil; Juzgado distribuidor de Primera Instancia de Cabimas, Santa Rita y Simón Bolívar y Juzgado del Municipio Sucre, todos de la Circunscripción Judicial del estado Zulia, los cuales fueron enviados por valija oficial de la Dirección Ejecutiva de la Magistratura.
El 22 de junio de 2012, el Alguacil del Juzgado de Sustanciación consignó boleta de citación dirigida a la sociedad mercantil Seguros Canarias de Venezuela, C.A., recibida en fecha 19 del mismo mes y año, por la Gerente Legal de la misma.
El 9 de agosto de 2012, se recibió en la Unidad de Recepción y Distribución de Documentos de las Cortes de lo Contencioso Administrativo, Oficio Nº 3430-512, de fecha 29 de junio del mismo año, mediante el cual el Juzgado del Municipio Sucre de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia remitió, debidamente cumplida, la comisión librada por el Juzgado de Sustanciación, a los fines de notificar a la Escuela Básica Nacional Playa Grande, la cual se agregó a los autos el 13 de agosto de 2012.
En la misma oportunidad, se recibió en la Unidad de Recepción y Distribución de Documentos de las Cortes de lo Contencioso Administrativo, Oficio Nº C-8338-332, de fecha 29 de junio de 2012, mediante el cual el Juzgado Primero de los Municipios Cabimas, Santa Rita y Simón Bolívar de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia remitió, debidamente cumplida, las resultas de la comisión librada por el Juzgado de Sustanciación, a los fines de notificar a la Unidad Educativa Nuestra Señora del Rocío, la cual se agregó a los autos el 13 de agosto de 2012.
El 26 de septiembre de 2012, el Alguacil del Juzgado de Sustanciación consignó Oficio de notificación dirigido a la Procuradora General de la República, recibido por dicha funcionaria el 17 del mismo mes y año.
El 9 de octubre de 2012, se recibió en la Unidad de Recepción y Distribución de Documentos de las Cortes de lo Contencioso Administrativo, Oficio Nº GGL-CAR 11274, de fecha 2 del mismo mes y año, en el cual el Gerente General de Litigio (E) de la Procuraduría General de la República acusó recibo de la notificación recibida en dicho organismo el 17 de septiembre de 2012, y en su nombre renunció a la suspensión del proceso por noventa (90) días a que se refiere el artículo 96 del Decreto Ley que rige sus funciones.
El 15 de octubre de 2012, el Juzgado de Sustanciación, visto que no constaban en el expediente la remisión de las resultas de la comisión dirigida al Juez distribuidor de Primera Instancia en lo Civil y Mercantil de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia, la cual recayó en el Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil y Mercantil de la mencionada Circunscripción Judicial, ordenó librar Oficio solicitando la devolución de dicha comisión.
En la misma fecha, se libró Oficio Nº JS/CSCA-2012-1913, dirigido al Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil y Mercantil de la Circunscripción Judicial del estado Zulia.
El 12 de noviembre de 2012, se recibió en la Unidad de Recepción y Distribución de Documentos de las Cortes de lo Contencioso Administrativo, Oficio Nº 994-12, de fecha 31 de julio del mismo año y 1340-12 del 29 de octubre de 2012, emanado del Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil y Mercantil de la Circunscripción Judicial del estado Zulia, anexo al cual remitió parcialmente cumplida, la comisión librada por el Juzgado de Sustanciación, en virtud de que el Alguacil de dicho Juzgado no logró notificar a la Escuela “J.I. Villa Bolivariana”.
El 15 de noviembre de 2012, el Juzgado de Sustanciación ordenó se fijara por la cartelera de este Órgano Jurisdiccional boleta de notificación librada a la Escuela “J.I. Villa Bolivariana”.
En la misma fecha, se dejó constancia mediante nota de Secretaría que se fijó en la cartelera de esta sede Jurisdiccional, la boleta de notificación dirigida a la Escuela “J.I. Villa Bolivariana”.
Mediante diligencia de la misma fecha, el Alguacil del Juzgado de Sustanciación consignó Oficio dirigido al Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil y Mercantil de la Circunscripción Judicial del estado Zulia, en el cual se le solicitaba información sobre la comisión remitida, recibido en el área de correspondencia de la Dirección Ejecutiva de la Magistratura para ser enviado por valija oficial.
Mediante nota de Secretaría del Juzgado de Sustanciación de esta Corte Segunda de lo Contencioso Administrativo de fecha 4 de diciembre de 2012, dejó constancia que “en fecha 3 de mayo de 2012”, venció el lapso de los diez (10) días de despacho concedidos para la notificación de la Escuela “J.I Villa Bolivariana”.
Por auto del 5 de diciembre de 2012, el Juzgado de Sustanciación, visto que todas las partes se encontraban a derecho, y por cuanto la Procuraduría General de la República renunció al lapso de noventa (90) días en el Decreto Ley que rige sus funciones, fijó el décimo (10º) día de despacho siguiente para que tuviera lugar la audiencia preliminar en la presente causa.
El 17 de diciembre de 2012, se difirió la oportunidad para la celebración de la audiencia preliminar, para el 17 de enero de 2013.
El 17 de enero de 2013, el Juzgado de Sustanciación dictó auto mediante el cual deja sin efecto la última parte del auto dictado en fecha 15 de noviembre de 2012, sólo en lo que se refiere a “librar el cartel de emplazamiento de los terceros interesados dentro de los tres (03) días de despacho siguientes”, por cuanto “la presente causa se circunscribe a una demanda de contenido patrimonial y no una demanda de nulidad”.
En la misma fecha, siendo la oportunidad fijada para la celebración de la audiencia preliminar, el Juzgado de Sustanciación dejó constancia, de la comparecencia de ambas partes, quienes presentaron los respectivos escritos de consideraciones.
En fecha 31 de enero de 2013, los abogados Jesús Enrique Perera Cabrera y Rafael Coutihno, inscritos en el Inpreabogado bajo los números: 31.370 y 68.887, respectivamente, actuando con el carácter de apoderados judiciales de la sociedad mercantil Seguros Canarias de Venezuela, C.A., consignaron escrito de contestación a la demanda.
En fecha 14 de febrero de 2013, los apoderados judiciales de la sociedad mercantil demandada presentaron escrito de promoción de pruebas, el cual fue agregado a los autos mediante nota de Secretaría del Juzgado de Sustanciación, en fecha 20 del mismo mes y año, con la advertencia de que a partir de esa fecha comenzaba el lapso de tres (3) días de despacho para la oposición a las pruebas promovidas.
El 28 de febrero de 2013, el Juzgado de Sustanciación de esta Corte Segunda de lo Contencioso Administrativo, se pronunció sobre las pruebas promovidas por la parte demandante admitiéndolas “cuanto ha lugar en derecho se requiere, quedando a cargo del Juez de mérito la apreciación y valoración de dichos instrumentos (...) al momento de dictar sentencia de fondo y, por cuanto dichas documentales reposan en el expediente, manténganse en el mismo (...)”.
Mediante Auto de la misma fecha, el mencionado Juzgado de Sustanciación se pronunció sobre las pruebas promovidas por la sociedad mercantil demandada, inadmitiendo la prueba de confesión judicial promovida y admitiendo las documentales, las cuales se contraen a reproducir el valor probatorio de los Informes de Rescisión de Contrato insertos a los folios 58 y 59; 60 y 61 y 62 y 63 del expediente, “quedando a cargo del Juez de mérito la apreciación y valoración de dichos instrumentos, en base a los principios de exhaustividad y comunidad de la prueba (...) por cuanto dichas documentales reposan en el expediente, manténgase en el mismo (...)”.
El 14 de marzo de 2013, a los fines de verificar el lapso de apelación a la admisión de las pruebas, el Juzgado de Sustanciación ordenó se realizara el cómputo de los días de despacho transcurridos desde el 28 de febrero de 2013, exclusive, (fecha en la cual se providenció sobre las mismas) “hasta el día hoy, inclusive”.
Mediante nota de Secretaría de la misma fecha, el Juzgado de Sustanciación dejó constancia que desde el 28 de febrero de 2013, exclusive, hasta el 14 de marzo del mismo año, inclusive, transcurrieron seis (6) días de despacho.
Por auto de fecha 14 de marzo de 2013, el Juzgado de Sustanciación, visto el cómputo anterior, donde se constata que ha vencido el lapso de apelación del auto dictado en fecha 28 de febrero de 2013 y por cuanto no existen pruebas que evacuar, se ordenó remitir el expediente “a la Corte Segunda de lo Contencioso Administrativo a los fines de que continúe su curso de ley”.
El 18 de marzo de 2013, se dejó constancia de la recepción del expediente en este Órgano Jurisdiccional.
El 24 de abril de 2013, se dejó constancia que el día 20 de febrero del mismo año, se reconstituyó la Corte Segunda de lo Contencioso Administrativo, en virtud de la incorporación del ciudadano Gustavo Valero Rodríguez, quedando integrada su Junta Directiva, de la siguiente manera: Alejandro Soto Villasmil, Presidente; Gustavo Valero Rodríguez, Vicepresidente; y, Alexis José Crespo Daza, Juez; este Órgano Jurisdiccional se abocó al conocimiento de la presente causa en el estado en que se encontraba, fijándose para el día 5 de junio de 2013, la oportunidad para la celebración de la audiencia conclusiva, de conformidad con lo previsto en el artículo 63 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa.
El 5 de junio de 2013, oportunidad para la celebración de la audiencia conclusiva, se dejó constancia, mediante acta levantada al efecto, de la asistencia de los apoderados judiciales de las partes demandante y demandada, quienes consignaron escritos de consideraciones, los cuales se ordenaron agregar al expediente.
Mediante auto de fecha 5 de junio de 2013, se ordenó pasar el expediente al Juez ponente Alexis José Crespo Daza, a los fines de que se dictara la decisión correspondiente.
El 6 de junio de 2013, se pasó el expediente al Juez ponente.
En fecha 25 de noviembre de 2013, se dictó y publicó sentencia Nº 2013-2505, mediante la cual esta Corte declaró: 1.- Parcialmente Con Lugar la demanda por ejecución de fianzas y cobro de bolívares, incoada por la Fundación de Edificaciones y Dotaciones Educativas (FEDE), contra la sociedad mercantil Seguros Canarias de Venezuela C.A., en consecuencia, 2.- Se condenó a la demandada a pagar la cantidad de tres millones setecientos cuarenta y un mil cuarenta y tres Bolívares con setenta céntimos (Bs. 3.741.043,70), por concepto de reintegro de las cantidades entregadas como anticipo y ejecución de las Fianzas de Fiel Cumplimiento otorgadas por la mencionada sociedad mercantil - Seguros Canarias de Venezuela C.A.- para garantizar el fiel, cabal y oportuno cumplimiento de las obras que en ellas se especifica. 3.- Se Ordenó el pago de los intereses moratorios sobre las cantidades expuestas en la motiva de este fallo, desde el 19 de octubre de 2011, hasta la fecha de publicación de la presente sentencia, para lo cual se requerirá la colaboración al Banco Central de Venezuela a fin de practicar la experticia complementaria correspondiente. Del mismo modo, fueron declaradas improcedentes las siguientes solicitudes: 4.- la solicitud de “Condenar al representante legal de la empresa supra indica (sic)”. 5.- La indexación solicitada y 6.- La condenatoria en costas. Finalmente, se ordenó notificar a las partes.
En fecha 5 de diciembre de 2013, se acordó librar las notificaciones correspondientes, las cuales fueron libradas en la misma fecha.
En fecha 16 de enero de 2014, mediante diligencias separadas, el Alguacil de esta Corte Segunda de lo Contencioso Administrativo, Consignó acuse de recibo de los siguientes oficios: N° CSCA-2013-011792, dirigido al ciudadano Presidente de la Fundación de Edificaciones y Dotaciones Educativas (FEDE), recibido en fecha 13 de enero del 2014, por la ciudadana Ingrid Jiménez; el Oficio N° CSCA-2013-011794, dirigido al ciudadano Presidente del Banco Central de Venezuela, recibido en fecha 13 de enero del 2014 por la ciudadana Nancy Espinoza y N° CSCA-2013-011796, dirigido al ciudadano Ministro del Poder Popular Para la Educación, el cual fue recibido en el Despacho del Ministro el 13 de enero del 2014, por la ciudadana Emperatriz Flores.
En fecha 22 de enero de 2014, se recibió del Banco Central de Venezuela, Oficio N° CJ-Cjaaa-ALAP-2014-0052, de fecha 20 de enero de 2014, con el objeto de dar respuesta al requerimiento formulado por esta Corte, mediante el Oficio CSCA-2013-011794, de fecha 5 de diciembre de 2013; a través del cual solicitó “(…) precisar con exactitud si el cálculo de los intereses moratorios solicitados deberá practicarse con base en la tasa activa, la tasa promedio, entre la activa y la pasiva, la tasa pasiva o sobre la tasa de interés pasiva promedio ponderada anual para los depósitos a plazo fijo a 90 días de los seis principales bancos universales y comerciales del país o cualquier otra tasa; todo ello a los fines de cumplir a cabalidad con su requerimiento”.
En fecha 23 de enero de 2014, se pasó el expediente al Juez Ponente.
El 30 de enero de 2014, el Alguacil de esta Corte consignó copia del Oficio signado CSCA-2013-011793, dirigido Director del Registro Nacional de Contratistas, el cual fue recibido el día 20 de ese mismo mes y año en el departamento de correspondencia de dicho ente.
Examinadas las actas que conforman el expediente, esta Corte pasa a señalar lo siguiente:
I
Mediante decisión Nº 2013-2505, del 25 de noviembre de 2013, esta Corte se pronunció sobre la demanda por ejecución de fianzas de anticipo y de fiel cumplimiento, interpuesta por la abogada Heidy Sánchez Delgado, actuando con el carácter de apoderada judicial de la Fundación de Edificaciones y Dotaciones Educativas (FEDE) contra la sociedad mercantil Seguros Canarias de Venezuela C.A., en su condición de fiadora solidaria y principal pagadora de las obligaciones asumidas por la sociedad mercantil Inversiones Don Víctor, C.A. ante la Fundación de Edificaciones y Dotaciones Educativas (FEDE).
En dicho fallo esta Instancia Jurisdiccional declaró Parcialmente Con Lugar la demanda por ejecución de fianzas y cobro de bolívares, incoada por la Fundación de Edificaciones y Dotaciones Educativas (FEDE), contra la sociedad mercantil Seguros Canarias de Venezuela C.A., en consecuencia, se condenó a la demandada a pagar la cantidad de tres millones setecientos cuarenta y un mil cuarenta y tres Bolívares con setenta céntimos (Bs. 3.741.043,70), por concepto de reintegro de las cantidades entregadas como anticipo y ejecución de las Fianzas de Fiel Cumplimiento otorgadas por la mencionada sociedad mercantil - Seguros Canarias de Venezuela C.A.- para garantizar el fiel, cabal y oportuno cumplimiento de las obras que en ellas se especifican, así como el reintegro de los montos que por concepto de anticipo otorgado y no ejecutado debía reintegrar la sociedad mercantil afianzada – Inversiones Don Víctor, C.A. - a la Fundación de Edificaciones y Dotaciones Educativas (FEDE), en virtud del incumplimiento contractual. Igualmente se Ordenó el pago de los intereses moratorios sobre dicha cantidad conforme a lo previsto en el artículo 1271 del Código Civil venezolano, desde el 19 de octubre de 2011, hasta la fecha de publicación de la sentencia, para lo cual se requirió la colaboración al Banco Central de Venezuela a fin de practicar la experticia complementaria correspondiente.
Ahora bien, siendo que en fecha 22 de enero de 2014, se recibió del Banco Central de Venezuela, Oficio N° CJ-Cjaaa-ALAP-2014-0052, de fecha 20 de enero de 2014, mediante el cual señala que a los fines de dar respuesta al requerimiento formulado por esta Corte mediante el Oficio CSCA-2013-011794, de fecha 5 de diciembre de 2013; es necesario: “(…) precisar con exactitud si el cálculo de los intereses moratorios solicitados deberá practicarse con base en la tasa activa, la tasa promedio, entre la activa y la pasiva, la tasa pasiva o sobre la tasa de interés pasiva promedio ponderada anual para los depósitos a plazo fijo a 90 días de los seis principales bancos universales y comerciales del país o cualquier otra tasa; todo ello a los fines de cumplir a cabalidad con su requerimiento”.
Al respecto, cabe señalar que en casos como el de autos, esta Corte ha precisado al Banco Central de Venezuela que para el cálculo de los intereses moratorios “(…) deberá emplear una tasa igual al promedio ponderado, establecido por el Banco Central de Venezuela, de las tasas pasivas que paguen los seis (6) bancos comerciales del país con mayor volumen de depósitos por operaciones de crédito a plazo, no mayores de noventa (90) días calendarios, de conformidad con lo preceptuado en el artículo 58 del Decreto No. 1.417 del 31 de julio de 1996 (publicado en la Gaceta Oficial No. 5.096 Extraordinario del 16 de septiembre de 1996), contentivo de las Condiciones Generales de Contratación para la Ejecución de Obras, aplicables al caso de autos de manera analógica.” (Vid. Sentencia Nº 2011-0420, dictada por esta Corte Segunda de lo Contencioso Administrativo en fecha 22 de marzo de 2011, caso: Empresa Noroccidental de Mantenimientos y Obras Hidráulicas, C.A, -ENMOHCA-, contra la sociedad mercantil Seguros Altamira, C.A.)
Así pues, esta Corte Segunda de lo Contencioso Administrativo, en aras de garantizar a las partes certeza y precisión en cuanto al cálculo de los intereses moratorios acordados por esta Corte en la Sentencia Nº 2013-2505, de fecha 25 de noviembre de 2013, conforme a lo previsto en el artículo 252 del Código de Procedimiento Civil y decisiones proferidas por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia en sentencias Nº 2495 de fecha 1 de septiembre de 2003, Nº 3492 de fecha 12 de diciembre de 2003 y Nº1082 de fecha 12 de julio de 2011, y en aplicación del artículo 14 del Código de Procedimiento Civil, se ORDENA oficiar al Banco Central de Venezuela a fin de que proceda a la determinación de los intereses moratorios sobre la cantidad de Tres Millones Setecientos Cuarenta y Un Mil Cuarenta y Tres Bolívares con Setenta Céntimos (Bs. 3.741.043,70), desde el 19 de octubre de 2011, hasta el 25 de noviembre de 2013, conforme a una tasa igual al promedio ponderado, establecido por el Banco Central de Venezuela, de las tasas pasivas que paguen los seis (6) bancos comerciales del país con mayor volumen de depósitos por operaciones de crédito a plazo, no mayores de noventa (90) días calendario. TÉNGASE el presente fallo, como parte integrante de la referida decisión N° 2013-2505. Así se decide.
II
Por las razones que anteceden, esta Corte Segunda de lo Contencioso Administrativo, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley:
1.- ORDENA oficiar al Banco Central de Venezuela a fin de que proceda a la determinación de los intereses moratorios sobre la cantidad de Tres Millones Setecientos Cuarenta y Un Mil Cuarenta y Tres Bolívares con Setenta Céntimos (Bs. 3.741.043,70), desde el 19 de octubre de 2011, hasta el 25 de noviembre de 2013, conforme a una tasa igual al promedio ponderado, establecido por el Banco Central de Venezuela, de las tasas pasivas que paguen los seis (6) bancos comerciales del país con mayor volumen de depósitos por operaciones de crédito a plazo, no mayores de noventa (90) días calendario.
2.- TÉNGASE el presente fallo como parte integrante de la referida Sentencia N° 2013-2505, de fecha 25 de noviembre de 2013.
Publíquese y regístrese. Déjese copia de la presente decisión. Remítase el expediente al Juzgado de Sustanciación. Cúmplase lo ordenado.
Dada, firmada y sellada en la Sala de Sesiones de la Corte Segunda de lo Contencioso Administrativo, en Caracas a los diez (10) días del mes de febrero de dos mil catorce (2014). Años 203° de la Independencia y 154° de la Federación.
El Presidente,


ALEJANDRO SOTO VILLASMIL

El Vicepresidente,


GUSTAVO VALERO RODRÍGUEZ

El Juez,


ALEXIS JOSÉ CRESPO DAZA
Ponente

La Secretaria Accidental,


CARMEN CECILIA VANEGAS
AJCD/70
Exp N° AP42-G-2012-000022
En fecha _________________ ( ) de __________ de dos mil catorce (2014), siendo las __________ de la ________________, se publicó y registró la anterior decisión bajo el Nº 2014-_____________.

La Secretaria Accidental.