MAGISTRADA PONENTE: ANA MARIA RUGGERI COVA
EXP. N° 02-26906


En fecha 28 de febrero de 2002, se dio por recibido en esta Corte Oficio N° 400, de fecha 18 de diciembre de 2001, emanado del Juzgado Superior Civil (Bienes) en lo Contencioso Administrativo y Agrario de la Circunscripción Judicial del Estado Apure, anexo al cual se remitió copia certificada del expediente contentivo de la acción de amparo constitucional, interpuesta por la ciudadana IRIS ADRIANA HERNÁNDEZ ALVARES, cédula de identidad N° 13.937.210, asistida por los abogados MILAGROS VALENTINA GARCIA MEZA y JOSE GREGORIO VILLAFAÑA MARIÑA, inscritos en el Inpreabogado bajo los Nros. 75.685 y 75.684, respectivamente, contra la GOBERNACION DEL ESTADO APURE.

Tal remisión se efectuó en virtud de la consulta de ley, prevista en el artículo 35 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, a la que se encuentra sometida la decisión dictada por el Juzgado Superior Civil (Bienes) en lo Contencioso Administrativo y Agrario de la Circunscripción Judicial del Estado Apure, en fecha 9 de mayo de 2001, mediante la cual declaró CON LUGAR la acción de amparo incoada.

En fecha 5 de marzo de 2002, se dio cuenta a la Corte y, por auto de esa misma fecha, se designó ponente a la Magistrada ANA MARIA RUGGERI COVA, a los fines de que esta Corte decidiera sobre la consulta de ley.

En fecha 6 de marzo de 2002, se pasó el expediente a la Magistrada ponente.

Realizado el estudio individual de las actas que conforman el presente expediente, esta Corte pasa a dictar sentencia, previa las siguientes consideraciones:


I
DE LA PRETENSION DE AMPARO CONSTITUCIONAL

En fecha 27 de marzo de 2001, la ciudadana Iris Adriana Hernández Alvares, asistida por los abogados Milagros Valentina García Meza y José Gregorio Villafaña Mariña, interpuso amparo constitucional, fundamentando su pretensión en los siguientes argumentos:

Que en fecha 18 de agosto de 1999, por medio de contrato que suscribió con la Gobernación del Estado Apure, por un lapso indeterminado, puesto que en el mismo no se indicó fecha de expiración, inició su relación de trabajo, desempeñándose como trabajadora en asuntos sociales o promotora social, adscrita a la División de Desarrollo Social y Participación Comunal (DIDSPAC), institución creada por dicha Gobernación.

Que devengaba un sueldo mensual de ciento cincuenta mil bolívares con cero céntimos (Bs. 150.000,00), tal como se puede evidenciar en los recibos de pagos que emitiera el Ejecutivo Regional a su favor cada quincena y de los cuales se puede apreciar la fecha en la que ingresó a desempeñar sus labores dentro del Ejecutivo Regional, específicamente en la División de Desarrollo Social y Participación Comunal (DIDSPAC).

Sostiene, que posteriormente en fecha 31 de octubre de 2000, suscribió nuevamente contrato de trabajo con la Gobernación del Estado Apure, por un lapso de cuatro (4) meses y veintitrés (23) días, contados a partir del 8 de agosto de 2000 hasta el 31 de diciembre de ese año.

Expresó igualmente, que una vez vencido el tiempo de duración indicado anteriormente, en el segundo contrato que suscribiera con la Gobernación del Estado Apure, y ésta no se pronunció por escrito, manifestando su interés de prolongar o no su contratación, presumió que debía continuar laborando, puesto que consideró que gozaba de inamovilidad laboral por su estado de gravidez avanzado y notorio, ya que se encontraba en seis (6) meses de embarazo.

En tal sentido, señaló que no existió razón alguna que motivara su separación de sus labores de trabajo, por tanto, continuó prestando servicios laborales durante el mes de enero del año 2001.

Asimismo, expresó que la situación se presentó cuando en la primera quincena del mes de enero, la Gobernación del Estado Apure en vez de cancelarle lo que por derecho le correspondía, lo que hizo fue manifestarle mediante un oficio S/N y sin fecha, emitido por el Director de Personal del Ejecutivo Regional, el abogado Reinaldo José Mirabal Barrios, que decidió prescindir de sus servicios laborales.

Continuó alegando, que el Director de Personal, Reinaldo José Mirabal Barrios, se encontraba en conocimiento de su embarazo, tal como se puede evidenciar de la prueba de embarazo a la cual se sometió, arrojando un resultado positivo, en fecha 30 de noviembre de 2000.

Asimismo, fundamentó la acción de amparo, alegando que desde el punto de vista del derecho constitucional y administrativo ningún órgano de la Administración Pública, en este caso la Gobernación del Estado Apure, puede realizar ni ejecutar actos materiales, ni vías de hecho que menoscaben, perturben y violen los derechos de los particulares, y que en este sentido, el artículo 78 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, aplicable factiblemente a la Gobernación del Estado Apure, le prohibe a la Administración Pública realizar actos materiales que menoscaben o perturben el ejercicio de los derechos de los particulares, sin que previamente haya sido dictada la decisión que sirva de fundamento a tales actos.

Aduce, que en el presente caso la Gobernación del Estado Apure, en la persona de Reinaldo José Mirabal Barrios, Director de Personal, procedió a “despedirla”, sin que se le informara o notificara formalmente sobre su despido y las causas que motivaron al mismo, notándose en esta actuación del funcionario, antes mencionado, una ausencia total del procedimiento administrativo y sin procedimiento judicial, violando de esta manera el derecho al debido proceso, motivo por el cual denuncia la violación del artículo 49 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.

Igualmente, señaló como conculcado por tal actuación del Director de Personal de la Gobernación del Estado Apure, el derecho a la defensa, consagrado en el artículo 49 de nuestra Carta Magna, ya que se le despidió sin considerarle su estado de gravidez, no citándosele para ser oída, para presentar pruebas y alegatos a su favor.

Además, señaló como violado el derecho a la no discriminación, consagrado en el numeral 1 del artículo 21 de la Constitución, debido a que se le discriminó en virtud de ser una mujer trabajadora embarazada, siendo el resultado de su “despido”, anular o menoscabar el reconocimiento, goce o ejercicio en condiciones de igualdad de los derechos y libertades de toda persona, no obstante su condición de mujer en estado de gravidez.

Asimismo, alegó como violado el derecho al trabajo y a la libertad económica, consagrados en los artículos 87 y 112 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, respectivamente, así como el derecho a la protección al trabajo y el de la estabilidad laboral, consagrados en los artículos 89 numeral 2 y 93, respectivamente, eiusdem. Igualmente alegó la violación del artículo 384 de la Ley Orgánica del Trabajo, el cual establece el derecho a la inamovilidad laboral que goza toda mujer trabajadora en estado de gravidez.

Por todos los razonamientos anteriormente expuestos, es por lo que la accionante interpone la presente acción de amparo constitucional a los efectos de que se le restablezca la situación jurídica infringida, en el sentido de ordenarle a la Gobernación del Estado Apure, que le restituya inmediatamente a su puesto de trabajo, sin que se rebaje su salario y sin que desmejoren sus condiciones laborales, así como le sean cancelados los salarios dejados de percibir hasta la fecha.


II
DEL FALLO CONSULTADO

El Juzgado Superior Civil (Bienes) en lo Contencioso Administrativo y Agrario de la Circunscripción Judicial del Estado Apure, en fecha 9 de mayo de 2001, declaró CON LUGAR la pretensión de amparo constitucional interpuesta por la ciudadana IRIS ADRIANA HERNANDEZ ALVARES, asistida por los abogados Milagros Valentina García Meza y José Gregorio Villafaña, contra la GOBERNACION DEL ESTADO APURE, en los siguientes términos:

“(…) Así, forzoso resulta concluir la plena vigencia y exigibilidad del derecho de inamovilidad que asiste a toda mujer embarazada, así como el consecuente de disfrutar de un descanso previo y posterior al alumbramiento, de derechos que encuentran consagración constitucional en nuestra Carta Fundamental constituyendo por lo tanto violación a los mismos cualquier acto del empleador dirigido a desconocerlos o incumplirlos sin que exista causal de despido o de retiro por razones disciplinarias.

De las actas contenidas en el expediente se evidencia claramente que la accionante en amparo fue despedida de su cargo en momentos en que se encontraba en estado de gravidez y que su estado era conocido por quien dictó el acto calificado como agraviante (...)”



III
CONSIDERACIONES PARA DECIDIR

Corresponde a esta Corte pronunciarse acerca de la consulta de ley prevista en el artículo 35 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales sobre la decisión emanada del Juzgado Superior Civil (Bienes) en lo Contencioso Administrativo y Agrario de la Circunscripción Judicial del Estado Apure, mediante la cual declaró con lugar la acción de amparo constitucional incoada por la ciudadana Iris Adriana Hernández Alvares contra la Gobernación del Estado Apure.

Al efecto, esta Corte observa que el a quo declaró con lugar la acción de amparo constitucional considerando que “forzoso resulta concluir la plena vigencia y exigibilidad del derecho de inamovilidad que asiste a toda mujer embarazada, así como el consecuente de disfrutar de un descanso previo y posterior al alumbramiento, derechos que encuentran consagración constitucional en nuestra Carta Fundamental, constituyendo por lo tanto violación a los mismos cualquier acto del empleador dirigido a desconocerlos o incumplirlos sin que exista causal de despido o de retiro por razones disciplinarias”.

Al respecto, observa esta Corte que entre los fundamentos alegados por la accionante a los efectos de sustentar su pretensión de amparo, se encuentran los consagrados en los artículos 49, 21 numeral 1, 89 numeral 2, 93, 87 y 112 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, relativos al derecho al debido proceso, a la defensa, a la no discriminación, a la protección del trabajo, a la estabilidad laboral, al trabajo y a la libertad económica, respectivamente. Asimismo, consideró que tal situación lesionó el contenido del artículo 384 de la Ley Orgánica del Trabajo referente a la inamovilidad de la mujer embarazada.

Observa esta Corte, que la conducta denunciada por la accionante, como generadora de la lesión de sus derechos constitucionales antes mencionados, no es otra, que la terminación de su contrato de trabajo a tiempo determinado, suscrito con la Gobernación del Estado Apure, emitida a través de un oficio S/N y sin fecha, por la Dirección de Personal de dicha Gobernación, puesto que, a su decir, se le despidió sin causa legal alguna y sin considerar su estado de gravidez, obviando que ella se encontraba amparada por el fuero maternal correspondiente y, por tal razón poseía inamovilidad laboral.

En virtud de lo anterior, es importante determinar si efectivamente la accionante gozaba del fuero maternal en el momento que dejó de prestar sus servicios a la División de Desarrollo Social y Participación Comunal (DIDSPAC), adscrita a la Gobernación del Estado Apure, como trabajadora en asuntos sociales, cargo que desempeñó bajo la condición de contratada.

Observa esta Corte, que en el caso de autos, la accionante se refirió al fuero maternal concebido como un privilegio, que debe otorgársele a las mujeres cuando se encuentren en la especial condición de embarazadas y, el cual una vez que se presenta, determina la inamovilidad laboral de la mujer, lo que sucede en los casos específicos permitidos por la Ley, como por ejemplo lo refiere la Ley Orgánica del Trabajo y en aquellos supuestos que han sido desarrollados jurisprudencialmente.

Esta Corte evidencia del folio numero cuarenta y cuatro (44) que riela en el presente expediente, que la ciudadana IRIS ADRIANA HERNANDEZ ALVARES, suscribió contrato con la Gobernación del Estado Apure, por un tiempo determinado, durando éste cuatro (4) meses y veintitrés (23) días, contados a partir del 8 de agosto de 2000 hasta el 31 de diciembre de ese mismo año, tal como se desprende de la cláusula cuarta del mismo, lo que determina que la accionante prestaba sus servicios bajo la condición de contratada.

En virtud de lo anterior, es importante destacar lo previsto en sentencia dictada recientemente por esta Corte, en fecha 14 de febrero de 2002, (caso: Francis Carolina Mantilla Perozo Vs. CORPOSALUD), en la cual se establece que:

“ (…) la protección maternal a la cual tenía derecho la accionante se correspondía por el tiempo de duración del referido contrato (…) y, una vez culminado éste la accionante no gozaba de la inamovilidad laboral. Ello así, debe advertirse entonces que dicha protección debió ser garantizada por el Ente accionante durante la vigencia del contrato –como en efecto se hizo- y no como pretende la accionante, que tal fuero maternal le correspondía incluso una vez culminado tal contrato.
En conclusión, considera la Corte que CORPOSALUD no violó el derecho constitucional a la protección a la maternidad consagrado en el artículo 76 del Texto Constitucional.”

En el caso de autos, observa esta Corte que, el contrato que había suscrito la accionante con la Gobernación del Estado Apure, llegó a su término, puesto que se cumplió el tiempo pactado en la cláusula cuarta de ese contrato, de tal manera que concluyó la relación que mantenía con la División de Desarrollo Social y Participación Comunal (DIDSPAC), por ende la vinculación que tenía con el Ejecutivo Regional y, por consiguiente, el contrato dejó de estar vigente y de producir sus efectos, es por ello que la parte presuntamente agraviante, atendiendo a lo pactado en dicho contrato, es que le notifica de la rescisión del mismo.

Igualmente, observa esta Corte que entre los fundamentos alegados por la accionante a los efectos de sustentar su pretensión de amparo, se encuentra la violación de una serie de derechos constitucionales referidos: al derecho al debido proceso, a la defensa, al trabajo, a la libertad económica, a la protección del trabajo y a la estabilidad económica, así como también, la violación del derecho a la inamovilidad laboral, contemplado en el artículo 384 de la Ley Orgánica del Trabajo.

Tales denuncias se centran en que la accionante le fue notificado de la terminación del contrato con la Gobernación del Estado Apure, a la cual prestaba sus servicios como trabajadora social, estando en estado de gravidez, obviando ese Ejecutivo Regional que ella se encontraba amparada por el fuero maternal correspondiente y, por tal razón poseía inamovilidad laboral.

En cuanto a la denuncia de violación del derecho a la defensa y al debido proceso, establecidos en el artículo 49 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, observa esta Corte, que de las actas del expediente se desprende que efectivamente si se le notificó, mediante oficio emitido por la Dirección de Personal, de la rescisión de su contrato de trabajo, alegando que dicho contrato fue suscrito a tiempo determinado, y ese término estipulado en el contrato había culminado. En consecuencia, esta Corte observa, que en el presente caso no se violó el derecho a la defensa y al debido proceso de la accionante.

Ahora bien, como quedó asentado en las consideraciones precedentemente expuestas, esta Corte constató que en el caso de autos, el contrato de trabajo del cual se desprendían los derechos constitucionales anteriormente señalados, había vencido por la expiración del término pactado, así pues, mal podía señalarse que existió una violación de esos derechos constitucionales alegados como lesionados, toda vez que los mismos derivaban de dicho contrato. En consecuencia, se desestima las denuncias analizadas, y así se decide.

Por otra parte, en cuanto al alegato de la accionante acerca de la violación del derecho a la inamovilidad laboral, establecido en el artículo 384 de la Ley Orgánica del trabajo, esta Corte considera necesario, indicar que el procedimiento de amparo no es una vía procesal destinada al análisis de normas de rango legal, por lo cual ese argumento no puede ser objeto de estudio por esta Corte, y así se decide.

En consecuencia, siendo lo anterior así y visto que no existe lesión a las normas constitucionales denunciadas esta Corte REVOCA el fallo en consulta y declara SIN LUGAR la solicitud de amparo constitucional ejercida. Así se decide.


IV
DECISION

Por las razones antes expuestas, esta Corte Primera de lo Contencioso Administrativo, administrando justicia y en nombre de la República y por autoridad de la Ley, declara.

REVOCA la sentencia de fecha 9 de mayo de 2001, dictada por el Juzgado Superior Civil (Bienes) en lo Contencioso Administrativo y Agrario de la Circunscripción Judicial del Estado Apure, mediante la cual declaró con lugar la acción de amparo constitucional interpuesta por la ciudadana IRIS ADRIANA HERNANDEZ ALVARES, asistida por los abogados Milagros Valentina García Meza y José Gregorio Villafaña Mariña, contra la GOBERNACION DEL ESTADO APURE. En consecuencia, se declara SIN LUGAR la aludida solicitud de amparo constitucional.

Publíquese, regístrese y notifíquese. Remítase el expediente al Tribunal de origen.

Dada, firmada y sellada en la Sala de Sesiones de la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo, en Caracas, a los ……………….. días del mes de ……………………. de dos mil dos (2002). Años: 191° de la Independencia y 143° de la Federación.


El Presidente,


PERKINS ROCHA CONTRERAS

El Vicepresidente,


JUAN CARLOS APITZ BARBERA


Las Magistradas,


EVELYN MARRERO ORTIZ


LUISA ESTELLA MORALES LAMUÑO


ANA MARIA RUGGERI COVA
Ponente


La Secretaria Accidental,


NAYIBE ROSALES MARTINEZ




EXP. N° 02-26906.-
AMRC/mfg.