MAGISTRADA PONENTE: ANA MARÍA RUGGERI COVA.
EXP. N° 02-1951

I

En fecha 18 de diciembre de 2002, se recibió en esta Corte Oficio N° 1174, de fecha 4 de diciembre de 2002, emanado del Juzgado Superior Segundo en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Capital, anexo al cual remitió expediente contentivo del recurso contencioso administrativo de nulidad interpuesto por la abogada ALEJANDRA PÉREZ GÓMEZ, inscrita en el Inpreabogado bajo el N° 75.750, actuando en su carácter de apoderada judicial de la Sociedad Mercantil “BDO CONSULTING SISTEMAS, C.A.”, contra el acto administrativo contenido en la Providencia Administrativa N° 41-2002, de fecha 15 de marzo de 2002, emanada de la INSPECTORÍA DEL TRABAJO EN EL ESTE DEL ÁREA METROPOLITANA DE CARACAS, que declaró con lugar la solicitud de reenganche y pago de salarios caídos incoada por la ciudadana Lisbeth Karina Zapata, cédula de identidad N° 11.411.474.

Dicha remisión, se efectuó en virtud que el Juzgado Superior Segundo en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Capital, mediante sentencia de fecha 4 de diciembre de 2002, declinó en esta Corte Primera de lo Contencioso Administrativo la competencia para conocer del recurso de nulidad interpuesto.

El 8 de enero de 2003, se dio cuenta a la Corte y, por auto de la misma fecha se designó ponente a la Magistrada ANA MARÍA RUGGERI COVA.

En fecha 9 de enero de 2003, se pasó el presente expediente a la Magistrada ponente.

Realizado el estudio del expediente, esta Corte entra a decidir, previas las siguientes consideraciones:


II
ANTECEDENTES

En fecha 17 de septiembre de 2002, la abogada Alejandra Pérez Gómez, actuando en su carácter de apoderada judicial de la Sociedad Mercantil “BDO CONSULTING SISTEMAS, C.A.”, interpuso ante esta Corte Primera de lo Contencioso Administrativo recurso contencioso administrativo de nulidad contra el acto administrativo contenido en la Providencia Administrativa N° 41-2002, de fecha 15 de marzo de 2002, emanada de la Inspectoría del Trabajo en el Este del Área Metropolitana de Caracas, que declaró con lugar la solicitud de reenganche y pago de salarios caídos incoada por la ciudadana Lisbeth Karina Zapata.

Por auto de fecha 30 de octubre de 2002, el Juzgado de Sustanciación de esta Corte, atendiendo al criterio establecido en la sentencia de fecha 2 de agosto de 2001, dictada por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, consideró que el conocimiento de la presente causa le correspondía al Juzgado Superior en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Capital.

Mediante decisión de fecha 4 de diciembre de 2002, el Juzgado Superior Segundo en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Capital, declaró su incompetencia para conocer del presente recurso, en virtud de la decisión dictada en fecha 20 de noviembre de 2002, por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en el caso: Ricardo Baroni Uzcátegui, y declinó la competencia en esta Corte.


III
DEL RECURSO DE NULIDAD

En fecha 17 de septiembre de 2002, la abogada Alejandra Pérez Gómez, actuando en su carácter de apoderada judicial de la Sociedad Mercantil “BDO CONSULTING SISTEMAS, C.A.”, interpuso recurso contencioso administrativo de nulidad contra el acto administrativo contenido en la Providencia Administrativa N° 41-2002, de fecha 15 de marzo de 2002, emanada de la Inspectoría del Trabajo en el Este del Área Metropolitana de Caracas, que declaró con lugar la solicitud de reenganche y pago de salarios caídos incoada por la ciudadana Lisbeth Karina Zapata, en los siguientes términos:

Que en fecha 31 de octubre de 2001, la ciudadana Lisbeth Karina Zapata, interpuso ante la Inspectoría del Trabajo en el Este del Área Metropolitana de Caracas (Sala de Fuero Sindical), una acción solicitando el reenganche y pago de salarios caídos contra la sociedad mercantil “BDO CONSULTING SISTEMAS, C.A.”.

Que la referida solicitud fue admitida en fecha 5 de noviembre de 2001, por la mencionada Inspectoría del Trabajo.

Que el 16 de noviembre de 2001, el apoderado judicial de la accionante presentó escrito de ampliación de la solicitud de reenganche y pago de salarios caídos ejercida contra la sociedad mercantil “BDO CONSULTING SISTEMAS, C.A.”.

Que la referida solicitud fue contestada por la apoderada judicial de la mencionada sociedad mercantil, en fecha 11 de diciembre de 2001.

Posteriormente, en fecha 15 de marzo de 2002, su representada fue notificada de la Providencia Administrativa N° 41/2002, de la misma fecha, emanada de la Inspectoría del Trabajo en el Este del Área Metropolitana de Caracas, en la cual se ordenó el reenganche y pago de salarios caídos a la ciudadana Lisbeth Karina Zapata.
En tal sentido, la apoderada judicial de la recurrente alegó que el acto administrativo recurrido “se encuentra viciado de nulidad relativa, toda vez que no se tomaron en cuenta los aportes probatorios presentados por [su] representada, aparte de no expresar los fundamentos legales pertinentes en los cuales se basó su decisión, padeciendo (sic) dicho acto de los vicios de Silencio de Prueba e inmotivación, lo que conduce imperiosamente a la aseveración de que dicha providencia administrativa carece de validez y eficacia”.

Alegó, en cuanto a la fundamentación del escrito, lo establecido en los artículos 121 de la Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia, 18 y 20 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, en lo referente a la nulidad de los actos administrativos de efectos particulares, su contenido y sus vicios, respectivamente.

Por lo anteriormente expuesto, solicitó la nulidad de la Providencia Administrativa N° 41/2002, dictada por la Inspectoría del Trabajo en el Este del Área Metropolitana de Caracas, de fecha 15 de marzo de 2002, “ya que la misma se encuentra viciada de nulidad relativa y carece de toda eficacia jurídica, por ser contraria al ordenamiento jurídico, ya que no expone los motivos de hecho y los fundamentos de derecho en que se basó, así como no tomó en cuenta los alegatos y defensas opuestas por [su] representada”. (Resaltado del Texto).


IV
DE LA DECLINATORIA DE COMPETENCIA

En fecha 4 de diciembre de 2002, el Juzgado Superior Segundo en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Capital, declaró su incompetencia para conocer del presente recurso de nulidad, en virtud de la decisión dictada en fecha 20 de noviembre de 2002, por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en el caso: Ricardo Baroni Uzcátegui, y declinó la competencia en esta Corte, en los siguientes términos:

“En acatamiento a la citada sentencia, dado su carácter vinculante, este Juzgado se declara INCOMPETENTE y declina el conocimiento de la presente causa en la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo, a cuyos fines se ordena remitirle estos autos, bajo Oficio, e igualmente se informa que en la presente causa no ha transcurrido ningún día de los tres (03) para ser admitido.”


V
CONSIDERACIONES PARA DECIDIR

Siendo la oportunidad para pronunciarse acerca de su competencia para conocer el presente caso, esta Corte observa que:

En el caso de autos nos encontramos ante un recurso contencioso administrativo de nulidad interpuesto contra el acto administrativo contenido en la Providencia Administrativa N° 41-2002, de fecha 15 de marzo de 2002, emanada de la Inspectoría del Trabajo en el Este del Área Metropolitana de Caracas, que declaró con lugar la solicitud de reenganche y pago de salarios caídos incoada por la ciudadana Lisbeth Karina Zapata.

Al respecto, es preciso destacar que a pesar de que el presente recurso fue interpuesto inicialmente ante esta Corte, el Juzgado Superior Segundo en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Capital, al cual se le declinó la competencia -atendiendo al criterio establecido en la sentencia de fecha 2 de agosto de 2001, dictada por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia-, acertadamente declaró su incompetencia para conocer del presente recurso en virtud de la sentencia dictada en fecha 20 de noviembre de 2002, en el caso: Ricardo Baroni Uzcátegui, de la referida Sala y, por tanto, ordenó remitir el presente caso a este Órgano Jurisdiccional.

En tal sentido, observa esta Corte que la referida sentencia de fecha 20 de noviembre de 2002, estableció lo siguiente:

“Las Inspectorías del Trabajo, según se deriva de los artículos 588 y siguientes de la Ley Orgánica del Trabajo, son órganos públicos de naturaleza administrativa, dependientes del Ministerio del ramo, y desconcentrados de la estructura de éste, desde que, en ejercicio de competencias del Poder Nacional, tienen autoridad, específicamente en el ámbito de la entidad territorial que se les asigne; por tanto, orgánicamente se integran dentro la Administración Pública Nacional. Asimismo, materialmente ejercen función administrativa, tal como se desprende de las competencias que les atribuyen los artículos 589 y 590, en concordancia con el artículo 586, de la referida Ley.
Entonces, como se trata de órganos administrativos nacionales, el conocimiento de las pretensiones de nulidad de sus actos administrativos y, en general, de cualquier otra pretensión fundada en Derecho Administrativo corresponde, en todo caso, a la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo. Así, mal podría corresponder a los Juzgados Superiores de lo Contencioso Administrativo, cuya competencia se circunscribe a los procesos planteados en relación con las autoridades estadales y municipales (artículos 181 y 182 de la Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia). Las Inspectorías del Trabajo constituyen un ejemplo típico de aquellos órganos que están sometidos al control jurisdiccional de la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo a tenor de la competencia residual que le confiere el artículo 185, cardinal (sic) 3, de la referida Ley, por tratarse de autoridades nacionales distintas a las señaladas en los cardinales (sic) 9 al 12 del artículo 42 eiusdem.
La competencia de los órganos jurisdiccionales, se insiste, debe siempre estar atribuida por norma legal expresa, y de allí que el conocimiento de todas las acciones contencioso-administrativas fundamentadas en la actuación de cualquier ente u órgano administrativo nacional distinto de los derivados del artículo 42 de la Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia (entre otros, institutos autónomos, universidades nacionales, entes corporativos fundacionales y autoridades nacionales de inferior jerarquía, como es el caso concreto) compete a la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo, y en segunda instancia cuando esta proceda, a la Sala Político-Administrativa de este Tribunal Supremo de Justicia. En esa circunstancia ya ha insistido esta Sala en anteriores oportunidades, entre otras, en sentencia del 13-8-02 (caso: Francisco Díaz Gutiérrez). Así se declara.
(…omissis…)
Con fundamento en las consideraciones que se expusieron, y en ejercicio de la facultad de máxima intérprete del Texto Constitucional, esta Sala deja sentado el siguiente criterio, con carácter vinculante para las otras Salas del Tribunal Supremo de Justicia y demás Tribunales de la República:
(i) La jurisdicción competente para el conocimiento de las pretensiones de nulidad de los actos administrativos que dicten las Inspectorías del Trabajo, así como de cualquier otra pretensión -distinta de la pretensión de amparo constitucional- que se fundamente en las actuaciones u omisiones de dichos órganos, es la jurisdicción contenciosa administrativa.
(ii) De los Tribunales que conforman esta jurisdicción, el conocimiento de las pretensiones antes especificadas corresponde, en primera instancia, a la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo y en segunda instancia, cuando esta proceda, a la Sala Político-Administrativa de este Supremo Tribunal. (…)” (Resaltado de esta Corte).

Así pues, del fallo parcialmente transcrito, vinculante para esta Corte, en virtud de lo dispuesto en el artículo 335 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, se evidencia que corresponde a este Órgano Jurisdiccional conocer, en primera instancia, de los recursos de nulidad interpuestos contra los actos administrativos dictados por las Inspectorías del Trabajo, diferentes de la pretensión de amparo constitucional.

Por lo anteriormente expuesto, esta Corte se declara competente para conocer en primera instancia, del recurso contencioso administrativo de nulidad interpuesto contra el acto administrativo contenido en la Providencia Administrativa N° 41-2002, de fecha 15 de marzo de 2002, emanada de la Inspectoría del Trabajo en el Este del Área Metropolitana de Caracas, que declaró con lugar la solicitud de reenganche y pago de salarios caídos incoada por la ciudadana Lisbeth Karina Zapata. Así se declara.

Una vez determinada la competencia de esta Corte para conocer el caso de autos, es necesario atendiendo a los principios constitucionales de tutela judicial efectiva y de instrumentalidad del proceso, (artículos 26 y 257 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela), pasar a pronunciarse acerca de la admisibilidad del recurso contencioso administrativo de nulidad interpuesto contra el acto administrativo contenido en la Providencia Administrativa antes mencionada, emanada de la Inspectoría del Trabajo en el Este del Área Metropolitana de Caracas.

Revisadas como han sido las actas procesales que conforman el presente expediente, esta Corte considera que el recurso contencioso administrativo de nulidad interpuesto, debe ser admitido, por cuanto no se encuentra incurso en las causales de inadmisibilidad establecidas en los artículos 84 y 124 de la Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia. Así se decide.


VI
DECISION

Por las razones precedentemente expuestas, esta Corte Primera de lo Contencioso Administrativo, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara:

1.- COMPETENTE para conocer el recurso de nulidad interpuesto por la abogada ALEJANDRA PÉREZ GÓMEZ, actuando en su carácter de apoderada judicial de la Sociedad Mercantil “BDO CONSULTING SISTEMAS, C.A.”, contra el acto administrativo contenido en la Providencia Administrativa N° 41-2002, de fecha 15 de marzo de 2002, emanada de la INSPECTORÍA DEL TRABAJO EN EL ESTE DEL ÁREA METROPOLITANA DE CARACAS, que declaró con lugar la solicitud de reenganche y pago de salarios caídos incoada por la ciudadana Lisbeth Karina Zapata.

2.- ADMITE el recurso contencioso administrativo de nulidad interpuesto.

3.- ORDENA remitir el presente expediente al Juzgado de Sustanciación, a los fines legales consiguientes.

Publíquese, regístrese y notifíquese. Remítase el expediente al Juzgado de Sustanciación.

Dada, firmada y sellada en la Sala de Sesiones de la Corte Primera de lo Contencioso-Administrativo, en Caracas, a los __________( ) días del mes de _________________ de dos mil tres (2003). Años: 192° de la Independencia y 143° de la Federación.

El Presidente,



PERKINS ROCHA CONTRERAS

El Vicepresidente,



JUAN CARLOS APITZ BARBERA

Las Magistradas,



EVELYN MARRERO ORTÍZ






LUISA ESTELLA MORALES LAMUÑO



ANA MARÍA RUGGERI COVA
Ponente


La Secretaria,



NAYIBE ROSALES MARTÍNEZ




AMRC/mfgm.-
Exp. N° 02-1951.-