JUEZ PONENTE: EMILIO RAMOS GONZÁLEZ
Expediente Número AP42-N-2007-000004

En fecha 11 de enero de 2007, en la Unidad de Recepción y Distribución de Documentos (URDD) de las Cortes de lo Contencioso Administrativo, se recibió escrito contentivo del recurso contencioso administrativo de nulidad interpuesto conjuntamente con acción de amparo constitucional por el abogado Gonzalo Enrique Navarro Sánchez, inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el número 19.498, actuando en su carácter de apoderado judicial de los ciudadanos IGOR ALFONSO CRESPO PÉREZ y JUAN PABLO QUIROZ CONTRERAS, titulares de la cédulas de identidad Números 16.338.908 y 16.122.691, respectivamente, contra los “actos administrativos que mediante las Órdenes Internas N° ENV-0066 de fecha 08JUN05 (sic) y notificada en oficio N° 0108 de la misma fecha, a Crespo Pérez Igor Alfonso y la Orden Interna N° ENV-0068 de la misma fecha y notificada en oficio N° 0110 de la misma fecha a Juan Pablo Quiroz Contreras, se les notificaba a [sus] defendidos que se les daba de baja (…)” de la ESCUELA NAVAL DE VENEZUELA.

En fecha 15 de enero de 2007, se dio cuenta a la Corte Segunda de lo Contencioso Administrativo y, por auto de la misma fecha, se designó ponente al Juez Emilio Ramos González, quien con tal carácter suscribe el presente fallo.
En esa misma fecha se pasó el expediente al Juez ponente.

En fecha 30 de enero de 2007, la abogada Maribel Karina Navarro Sánchez, presentó diligencia mediante la cual renuncia al poder que le fuera otorgado.

I
DEL RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE NULIDAD
Y DE LA ACCIÓN DE AMPARO CONSTITUCIONAL

El apoderado judicial de los recurrentes alegó como fundamento de su pretensión, lo siguiente:

Que sus representados “dentro de las obligaciones educativas establecidas e su educación integral en la Escuela Naval de Venezuela, conforme al plan educativo ‘José María Vargas 2000’, tenían el derecho a recibir todo el material didáctico y las instrucciones referidas a este programa, lo cual debió haberse cumplido con la asignatura denominada ‘Faenas de Arte Marineras’ a desarrollarse de acuerdo a la matriz curricular en el décimo (X) semestre, mediante un crucero medio en nuestras aguas territoriales, en el Buque Escuela ARBV “Simón Bolívar BE- 11”.

Que en vista que el citado buque esta sometido a un mantenimiento desde el año 2003, la Dirección de la Escuela Naval de Venezuela estableció que la travesía del año 2004 se realizaría en el buque de transporte “Capacana”, pero que la misma no sería evaluada.

Que la Dirección de la Escuela Naval de Venezuela en la travesía del año 2005, “(…) desechó lo dispuesto en el año anterior y decidió en forma arbitraria proceder a realizar la evaluación de la materia “Faenas de Arte Marineras” en un buque clase “Capacana” (…) en contraposición a las regulaciones del plan educativo “José María Vargas 2000” que establecen en forma enfática que esta materia debe ser impartida en el Buque Escuela, debió ser sometida a la consideración y aprobación de los entes superiores, es decir que el Director de la Escuela Naval de Venezuela (…) debió elevar esta situación a la decisión de la Jefatura de Educación del Estado Mayor Conjunto, tal como expresa tácitamente el artículo 3 y 4 del Reglamento Educativo Militar publicado en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela bajo el N° 37.519 (…)”. (Subrayado del original).

Que “(…) el día 27Abr05 (sic), se embarcaron [sus] demandantes en el Buque Transporte ‘Goajira’, (…) siéndole impartida (sic) las tareas y funciones del Manual de Faenas Marineras, folleto o cuestionario que sería firmado por el oficial encargado de las áreas respectivas, una vez que fuese aprobatoria las respuestas por el GM”.

Que “[El] 06May05, procedió [su] representado Crespo Pérez Igor Alfonso, a realizar entrega del mismo. El 07May05, El Capitán de Corbeta (CC) Edgard Centeno Maas, Comandante del Curso Naval, llamó a [su] representado a objeto de preguntarle si había firmado algunas preguntas por el Alférez de Navío (AN) Mayorca Freites Pedro, rechazando de pleno este hecho, a lo cual procedió el oficial a solicitarle un informe a [su] defendido, que entregó el mismo día.”

Adujo que “(…) le fue notificado mediante memo-rápido N° 0026 del 10May05 (sic), (…) que iba a ser sometido a un procedimiento administrativo, a los fines de determinar su presunta responsabilidad en el cometimiento (sic) de la falta ‘Notorias Incorrecciones en Actos de Servicio’ tipificada y sancionada en el Reglamento General de la Escuela Naval de Venezuela, en el Titulo XII, apéndice 12-1, Lista de Faltas clase ‘A’, aparte ‘28’ o de cualquier otras faltas u hechos que se obtengan como resultado del proceso de investigación y mediante el memo-rápido N° 0027 del 10May05, (…) se [notificó] que [sería] sometido el 24May05 (sic), a un Consejo Disciplinario por la Presunción de la falsificación de la firma del Alférez de Navío (AN) (3695) PEDRO MAYORCA FREITAS.” Mayúsculas del original.

Que “[su] representado Juan Pablo Quiroz Contreras, hizo entrega el 07May05 (sic), del formato de la materia ‘Faenas de Arte Marineras’, el día 16May05 (sic), mediante memo-rápido N° 0032, (…) se le indicó que iba a ser sometido a un procedimiento administrativo a fines de determinar su presunta responsabilidad en el cometimiento (sic) de la falta ‘Notorias Incorrecciones en Actos de Servicio’ tipificada y sancionada en el Reglamento General de la escuela Naval de Venezuela, en el Título XII, apéndice 12-1, Lista de Faltas clase ‘A’, aparte ‘28’ o de cualquier otras faltas u hechos que se obtengan como resultado del proceso de investigación y mediante memo-rápido N° 0033 del 16May05, (…) se notifica que [sería] sometido el 24May05 (sic), a un Consejo Disciplinario por la presunta falsificación de la firma del Teniente de Fragata (TF) ALEXANDER PALENCIA MORENO”. (Mayúsculas del original).

Que “[el] 22May05 (sic), (…) se le realizó el Consejo Disciplinario a [sus representados] (…) dentro de las irregularidades de [esos] procesos administrativos [señaló] que los Consejo Disciplinario (sic) que se le efectuaron a [sus] representados en Alta Mar en aguas internacionales, fue comandado por el CC Delgatto Giovanni, el TF Alexander Palencia Moreno y el AN Mayorca Freites Pedro, oficiales que no forman plaza de la Escuela Naval de Venezuela, por otra parte el CC Delgatto Giovanni era el Segundo Comandante para ese momento del Buque de Transporte ‘Goajira’ (T-63), siendo el comandante de ese buque para esa fecha el Capitán de Fragata (CF) Héctor Rodríguez Pérez, quien por mandato de la Ley Orgánica de la Fuerzas Armadas Nacionales (LOFAN), es la máxima autoridad del Buque y en consecuencia, [era ese] Oficial Superior quien (…) poseía la autoridad, facultad y potestad de proceder a un proceso administrativo a bordo del buque, con respecto al personal bajo su mando, y en vista que los guardiamarinas no eran parte del personal asignado a ese Buque, los cuales estaban realizando una labor de pasantía en el mismo, no podían ser sancionados administrativamente por ningún integrante del Buque, (…) lo cual [les] permite señalar que [ese] Consejo Disciplinario (…) esta viciado de nulidad absoluta y (…) las demás actuaciones subsiguientes como la revisión del Consejo Disciplinario y el Acto Administrativo de dar de baja a [sus] representados (…)”. Que debieron iniciar el procedimiento una vez finalizada la comisión a bordo del Buque y estuviesen en la Escuela Naval de Venezuela, unidad a la que pertenecían sus representados.

Que a sus representados, “(…) no se les informó las razones por las que esos Consejos disciplinarios serían presididos por el Segundo Comandante del Buque”. Asimismo, señaló que “(…) no se cumplieron los lapsos que establece la LOPA (…)”, ni se les dio la oportunidad de estar asistido por un abogado.

Que la falta que se les imputa a sus representados no constituye por si sola razón para ocasionar la expulsión o para darlos de baja por medidas disciplinarias. Que sus defendidos “(…) fueron constreñidos a admitir su culpabilidad a pesar de establecer, señalar y mantener su inocencia en todo el proceso de los consejos disciplinarios (…)”.

Que en fecha “(…) 19 de mayo de 2005, (…) el Director de la Escuela Naval de Venezuela, en reunión con el curso general de cadetes, les informó que serían sometidos tres (3) Guardiamarinas, a un consejo disciplinario, a objeto de dárselas de baja, [lo que] permite apreciar (…) que la decisión del Director de ese instituto militar había sido tomada de antemano (…)”.
Que Consejo disciplinario debió estar presidido por el Jefe del Cuerpo de Cadetes; sin embargo, quien lo presidió fue el CC Delgatto Giovanni, el cual no ostentaba dicho cargo, por lo que los actos impugnados estarían viciados de nulidad absoluta.

Que “(…) [la] Escuela Naval “(…) dentro de su escrito de contestación al Recurso de Reconsideración de el (sic) Ex Guardiamarina Crespo Pérez Igor, (…) señala (…) ‘que (…) el personal de cadetes (…) se rige exclusivamente por el reglamento general del instituto, no siendo aplicable (…) el reglamento de castigo disciplinario N° 6’ , por lo que alega que incurren en “(…) un error conceptual (...)”. (Subrayado del original).

Que el “(…) 26 de mayo del 2005 se le notificó a Juan Pablo Quiroz Contreras, mediante memo-rápido N° 0378, (…) [que] se procedería a la revisión del consejo disciplinario efectuado a bordo del transporte ‘Goajira’ (T-63) el día 24May05 (sic), a objeto de determinar su presunta responsabilidad en el cometimiento de la falta ‘notoria incorrección en los actos del servicio”. Subrayado del escrito original.

Que en fecha 30 de mayo de 2005 “(…) se procedió a la revisión del consejo disciplinario (…)” cuya “(…) decisión era [dar] de baja a su representado, la cual sería presentada al Director de la Escuela Naval de Venezuela, a objeto que decidiese como última instancia jerárquica, la decisión de dársele de baja o proceder a una sanción administrativa (…).”

Que “(…) la intención de ese Director fue, (…) la de instruir a que [esa] investigación administrativa fuese lo más rápido posible sin acogerse a los señalamientos de la L.O.P.A., R.C.D.N° 6 y la L.O.F.A.N, y con ello usurpar y violentar el legítimo derecho de [su] representado (…).”

Que “(…) en todo momento se le estableció que iba a ser expulsado de la Escuela (…)”, que en ningún momento se le informó (…) que conforme a la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela según los artículos 49 y 78, correspondientes a derecho a la legítima defensa que contempla estar asistido legalmente por un abogado, y es tal el hecho de la violación a sus derechos constitucionales, que no se dio el tiempo reglamentario por ley de los diez (10) días para efectuar la defensa de la misma la cual fue tan solo de cuatro (4) días”. (Subrayado del original).

Que en vista de haber agotado la vía administrativa procedían a iniciar el presente recurso en sede jurisdiccional.

Que de conformidad con el artículo 19 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, los actos objeto del presente recurso de nulidad serían nulos por haber sido dictados por autoridades manifiestamente incompetentes y con prescindencia total y absoluta del procedimiento legalmente establecido en el artículo 589 de la Ley Orgánica de las Fuerzas Armadas Nacionales.

Que de acuerdo al artículo 25 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela “todo acto decretado en el ejercicio del poder público que viole o menoscabe los derechos garantizados por esta Constitución y la Ley es nulo (…)”.

De conformidad con el artículo 21, párrafo 21 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, solicitó medida cautelar innominada que “disponga lo necesario para el establecimiento de la situación jurídica subjetiva lesionada por la actividad administrativa (…)”.

Solicitó la nulidad del acto administrativo contenido en la Orden Interna número ENV- 0066, de fecha 8 de junio de 2005 y notificada mediante oficio número 0108, de la misma fecha, por el cual se da de baja al ciudadano Crespo Pérez Igor Alfonso y del acto administrativo contenido en la Orden Interna número ENV- 0068, de fecha 8 de junio de 2005 y notificada mediante oficio número 0110, de la misma fecha, por el cual se da de baja al ciudadano Juan Pablo Quiroz Contreras.

II
DE LA COMPETENCIA

Corresponde a esta Corte pronunciarse, en primer lugar, sobre su competencia para el conocimiento del presente recurso contencioso administrativo de nulidad interpuesto conjuntamente con acción de amparo constitucional.

En ese sentido se observa que riela a los folios sesenta y uno (61) al setenta y uno (71), recurso de reconsideración interpuesto por el ciudadano Igor Alfonso Crespo Pérez, en fecha 23 de junio de 2005 ante el Director de la Escuela Naval de Venezuela, el cual fue respondido mediante acto administrativo de fecha 6 de julio de 2005, suscrito por el Contralmirante Daniel N. González Barrera, en su condición de Director de la citada Institución, donde se confirma y ratifica en todas sus partes el acto administrativo contenido en la orden número ENV-0066 de fecha 8 de junio de 2005 (folios 72 al 75), mediante la cual el aludido ciudadano fue dado de baja.

Igualmente observa este Órgano Jurisdiccional que cursa a los folios ochenta y dos (82) al ciento nueve (109), recursos jerárquicos interpuestos por los ciudadanos Igor Alfonso Crespo Pérez y Juan Pablo Quiroz Contreras, en fechas 26 de julio de 2005 y 9 de septiembre de 2005, respectivamente, ante el Ministerio de la Defensa (hoy Ministerio del Poder Popular para la Defensa), sin que se evidencie de autos que se haya emitido hasta la presente fecha acto administrativo expreso, por lo que desprende esta Corte que operó el silencio administrativo negativo a tenor de lo previsto en los artículos 91 y 92 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos.

En este sentido considera esta Corte Segunda de lo Contencioso Administrativo oportuno señalar que la Sala Política Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia mediante sentencia Número 01182, de fecha 23 de mayo de 2000, caso: Santi Rafael Zambrano León vs. Dirección de Servicios de Inteligencia y Prevención (DISIP), precisó que:

“De lo expuesto, y conforme a lo previsto en los artículos 73 y 74 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, no puede serle imputable al recurrente alguna consecuencia derivada de haber impugnado el acto primigenio, toda vez que la notificación es defectuosa al no señalar correctamente contra que acto debía interponerse el recurso procedente. Por otra parte, cabe destacar que dicho acto emanado del Ministro de Relaciones Interiores, se limita a declarar inadmisible el recurso jerárquico interpuesto, confirmando el acto recurrido, no existiendo modificación alguna en los fundamentos del acto originario, por lo que se atentaría contra la noción de justicia material, si en el caso en concreto se declarara inadmisible el recurso interpuesto por una formalidad no esencial y un tecnicismo. Por tales motivos, debe concluirse que la parte actora actuó conforme a derecho al interponer el recurso de nulidad contra el acto original y así se declara”. (Resaltado de esta Corte).

Por otro lado, mediante sentencia de fecha 8 de marzo de 2001, caso: Asociación Civil de Concesionarios del Mercado La Hormiga (Operadora la Hormiga), la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo ha señalado:

“Observa esta Corte que el presente recurso se basa entonces en el silencio por parte de la Administración respecto del acto que agota la vía administrativa, lo cual constituye una ficción legal de efectos procesales, como una garantía procesal a favor del administrado que le permite ir a la vía jurisdiccional. En este sentido, a los fines de determinar la competencia judicial debe tenerse al órgano silente como el autor del ‘acto’, así lo ha establecido nuestro máximo Tribunal en sentencia del 12 de agosto de 1988 (caso Lubén Lorenzo Castillo).
(…omissis…)
En el caso de autos, se ejerció un recurso jerárquico en vía administrativa por ante el Ministro del Trabajo y producido el silencio administrativo tal como lo alegó la recurrente, debe entenderse que la impugnación del acto en vía judicial, dada la ficción del silencio administrativo, deberá seguir las reglas de competencia de un acto emanado del jerarca.
Así lo ha establecido esta Corte, en casos similares al presente, declinando la competencia en la Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, a quien le corresponde la competencia para conocer de los recursos de nulidad contra actos recurridos en sede administrativa y en cuyo caso hubiera operado el silencio administrativo negativo, cuando la ausencia de respuesta es atribuible al Ministro (Expediente N° 00-23766, Sentencia del 21-12-00, Caso: José Alexander Rodríguez Díaz Vs. Dirección de Personal de la Dirección General Sectorial de los Servicios de Inteligencia y Prevención (D.I.S.I.P.)”.

Este criterio ha sido reiterado por esta Corte mediante Sentencia número 2005-0360 de fecha 10 de marzo de 2005, caso: Banco de Venezuela S.A., Banco Universal. Por su parte, la Sala Político-Administrativo mediante sentencia de fecha 22 de marzo de 2006 (caso: Jesús Orlando Rangel Rujano vs. Ministerio de Justicia), estableció lo siguiente:

“(…) el accionante ejerció recurso de reconsideración contra la decisión de fecha 10 de agosto de 1995 contenida en el Memorando N° 12.748, dictada por el Director General del Cuerpo Técnico de Policía Judicial (hoy Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas), el cual fue declarado sin lugar. (…) posteriormente, presentó recurso jerárquico ante el Ministro de Justicia (hoy Ministro de Interior y Justicia), no obteniendo respuesta, operando, así, el silencio administrativo y confirmándose de ese modo la medida de destitución impuesta al recurrente; razón por la cual interpuso en fecha 16 de diciembre de 1996 el recurso contencioso administrativo de nulidad contra la decisión tácita del MINISTERIO DE JUSTICIA, hoy Ministerio de Interior y Justicia.
(…Omissis…)
En consecuencia, visto que el recurso de autos se ejerce contra el silencio administrativo negativo en que incurrió el Ministro de Interior y Justicia, esta Sala Político-Administrativa resulta competente para conocer y decidir el recurso de nulidad interpuesto, atendiendo a la disposición parcialmente transcrita. Así se decide” .

Adicionalmente, corresponde señalar que el artículo 5 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia de la República Bolivariana de Venezuela determina la competencia de este Máximo Tribunal entre las cuales se encuentra “(…) 31. Declarar la nulidad, cuando sea procedente por razones de inconstitucionalidad o ilegalidad, de los actos administrativos generales o individuales de lo órganos que ejerzan el Poder Público Nacional (…)” (Negritas de esta Corte).

Así pues, en el presente caso se observa que los recurrentes ejercieron, ante los actos administrativos contenidos en las ordenes Números ENV- 066 y ENV- 068, de fechas 8 de junio de 2005, mediante los cuales se les procedió a dar de baja de la Escuela Naval de Venezuela, recurso de reconsideración y posterior recurso jerárquico ante el entonces Ministro de la Defensa, del cual no se obtuvo respuesta, desprendiéndose de autos que operó el silencio administrativo negativo, entendiendo esta Corte conforme a los criterios up supra citados que contra dicho silencio administrativo es que se interpone el presente recurso, por lo que deberá seguirse las reglas de competencia de un acto emanado del máximo jerarca. Así se decide.

En consecuencia, esta Corte Segunda de lo Contencioso Administrativo se declara incompetente para conocer del presente recurso contencioso administrativo de nulidad interpuesto conjuntamente con acción de amparo constitucional, y declina la competencia en la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, conforme a lo antes señalado, y así se declara.

IV
DECISIÓN

Por las razones precedentemente expuestas, esta Corte Segunda de lo Contencioso Administrativo, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, declara:

1.- INCOMPETENTE para conocer en primera instancia del recurso contencioso administrativo de nulidad interpuesto conjuntamente con acción de amparo constitucional por el abogado Gonzalo Enrique Navarro Sánchez, inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el número 19.498, actuando en su carácter de apoderado judicial de los ciudadanos IGOR ALFONSO CRESPO PÉREZ y JUAN PABLO QUIRÓZ CONTRERAS, titulares de la cédulas de identidad Números 16.338.908 y 16.122.691, respectivamente, contra los “actos administrativos que mediante las Ordenes Internas N° ENV-0066 de fecha 08JUN05 (sic) y notificada en oficio N° 0108 de la misma fecha, a Crespo Pérez Igor Alfonso y la Orden Interna N° ENV-0068 de la misma fecha y notificada en oficio N° 0110 de la misma fecha a Juan Pablo Quiroz Contreras, se les notificaba a [sus] defendidos que se les daba de baja (…)” de la ESCUELA NAVAL DE VENEZUELA.

2.- DECLINA la competencia para conocer del referido recurso en la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia.

3.- SE ORDENA remitir el presente expediente a la aludida Sala.

Publíquese, regístrese y notifíquese. Remítase el expediente a la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia.

Dada, firmada y sellada en la Sala de Sesiones de la Corte Segunda de lo Contencioso Administrativo, en Caracas, a los ________________ días del mes de ____________ de dos mil siete (2007). Años 197° de la Independencia y 148° de la Federación.

El Presidente,



EMILIO RAMOS GONZÁLEZ
Ponente
El Vicepresidente,



ALEXIS JOSÉ CRESPO DAZA
El Juez,



ALEJANDRO SOTO VILLASMIL

La Secretaria Acc.,



ARGENDIS MANAURE PANTOJA
Exp. Número AP42-N-2004-000004
ERG/015


En fecha _________________________ ( ) de ___________ de dos mil siete (2007), siendo la (s) __________ minutos de la __________, se publicó y registró la anterior decisión bajo el Número ________________.


La Secretaria Acc.