R E P Ú B L I C A B O L I V A R I A N A D E V E N E Z U E L A
CORTE SEGUNDA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

CARACAS, DIEZ (10) DE OCTUBRE DE 2007
Años 197° y 148°

En fecha 5 de octubre de 1981, se recibió en la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo, escrito contentivo de la solicitud de expropiación realizada por la abogada Irma Ávila de Sifuentes, actuando con el carácter de abogada adjunta a la Dirección de Expropiación y Adquisición de Bienes y Derechos Patrimoniales de la PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, de varios inmuebles constituidos por terrenos y las bienhechurías sobre ellos existentes los cuales integran la comunidad Fundo Esteves o Parcelamiento Río Verde, que ocupan parte de la zona afectada por el Decreto de Expropiación Nº 336 del 13 de agosto de 1974, publicado en la Gaceta Oficial de la República de Venezuela Nº 30.473 de fecha 14 de agosto de 1974, para la construcción de la obra “Embalse Ingeniero FraAP42-G-1981-001876ncisco Mancilla”, de la presunta propiedad de los ciudadanos JUAN DÍAZ GONZÁLEZ, FLORA HONORATA DÍAZ MARTÍN y OTROS.
En fecha 8 de septiembre de 1987, la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo dictó sentencia mediante la cual declaró procedente la presente solicitud de expropiación.
El 15 de marzo 1988, tuvo lugar el acto de avenimiento en el presente procedimiento, dejándose constancia de la comparecencia de los abogados Luisa Chacín de Planas, actuando con el carácter de apoderada judicial de los

ciudadanos Antonio Do Campo Machado y María Da Anunciado Rodríguez de Machado, el abogado Rafael Parra Tovar, actuando con el carácter de apoderado judicial del ciudadano Félix Macia Cuesta, el abogado Rafael Bello Calabria, actuando con el carácter de apoderado judicial de los ciudadanos Gino Curatiaimi y Raimondi Luigi, el ciudadano Fernando Papalini, asistido de abogado y la abogada Nivia Margarita Morales, actuando con el carácter de apoderada judicial de la República, los cuales señalaron que no existía materia sobre la cual avenirse, por lo que solicitaron al Juzgado de Sustanciación la designación de los expertos, de conformidad con el artículo 34 de la Ley de Expropiación por Causa de Utilidad Pública o Social. Asimismo, dicho Juzgado fijó el acto de nombramiento de los peritos que practicarían el avalúo correspondiente.
En fecha 18 de julio de 1988, los peritos designados consignaron el informe de avalúo.
En fecha 30 de mayo de 1989, la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo dictó sentencia mediante la cual, visto que el informe pericial no fue impugnado ni por la representación de la República ni por los propietarios de los inmuebles objeto de la presente expropiación, fijó el monto que debería pagar la República, en la forma en que se encontraban avaluadas las parcelas cuyos propietarios y superficie se encontraban debidamente identificados, estableciendo además, que debería pagárse a los expropiados los intereses calculados al doce por ciento (12%) anual, desde el momento de la ocupación de las parcelas, es decir, desde el 1° de enero de 1980.
El 3 de julio de 1996, la abogada Martha Monasterios Malavé, actuando con el carácter de representante de la República, consignó orden de pago

original (Directa Especial) Nº 3134 de fecha 22 de abril de 1996, por un monto de Un Millón Setecientos Cincuenta y Nueve Mil Cuatrocientos Noventa Bolívares con Setenta Céntimos (Bs. 1.759.490,70), emitida por el para entonces Ministerio del Ambiente y de los Recursos Naturales Renovables, a los fines de pagar el inmueble propiedad del ciudadano José Ángel Méndez, afectado por Decreto de Expropiación N° 336 de fecha 13 de agosto de 1974, con motivo de la construcción de la obra “Embalse Francisco Mancilla”.
En fecha 8 de octubre de 1996, la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo, ordenó hacer entrega del cheque N° 27368553, por la cantidad de Un Millón Setecientos Cincuenta y Nueve Mil Cuatrocientos Noventa Bolívares con Setenta Céntimos (Bs. 1.759.490,70), a favor del ciudadano José Ángel Méndez; asimismo, ordenó pasar el expediente al Juzgado de Sustanciación a los fines de que se designara la comisión de expertos que habría de determinar el monto de la indemnización correspondiente a los inmuebles pertenecientes a los ciudadanos Roberto Krhon, Juan Carballo, José Ramón Chaurán, Martín José Figuera Salcedo y la sociedad mercantil Euramer, S.A., conforme a lo establecido en la sentencia de fecha 30 de mayo de 1989, que ordenó practicar experticia complementaria del fallo.
En fecha 15 de octubre de 1996, la abogada Martha Monasterios Malavé, actuando con el carácter de representante de la República, consignó orden de pago original (Directa Especial) Nº 4579 de fecha 9 de agosto de 1996, por un monto de Tres Millones Cuatrocientos Treinta y Nueve Mil Ochocientos Cuatro Bolívares con Veinticinco Céntimos (Bs. 3.439.804,25), emitida por el para entonces Ministerio del Ambiente y de los Recursos Naturales Renovables, a los fines de pagar el inmueble propiedad del

ciudadano José Ángel Méndez, por concepto de intereses de mora que le corresponden como complemento de la indemnización que arrojó la cantidad de Un Millón Setecientos Cincuenta y Nueve Mil Cuatrocientos Noventa Bolívares con Cero Céntimos (Bs. 1.759.490,00).
El 8 de mayo de 1997, el ciudadano Hugo Guerra, actuando con el carácter de experto designado, consignó informe de experticia complementaria, en el cual se justipreciaron las parcelas de terreno propiedad de los ciudadanos Roberto Krhon, Juan Carballo Cabrera, José Ramón Chauran, Martín José Figuera Salcedo y la sociedad mercantil Euramer, S.A.
El 13 de agosto de 1999, la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo dictó decisión mediante la cual declaró firme el avalúo presentado por el perito Hugo Guerra, en fecha 8 de mayo de 1997, pero sólo en lo que respecta a los ciudadanos Juan Carballo Cabrera, José Ramón Chauran, Martín José Figuera Salcedo, Luigi Ramondi Zoni, Armando Fiorgioni, Mario Fiorgioni y Guiseppe Cianipa, y a la sociedad mercantil Euramer, S.A.; asimismo, ordenó pagar las indemnizaciones correspondientes a los propietarios antes mencionados, así como la corrección monetaria de dichas cantidades, con exclusión del monto correspondiente del ciudadano Roberto Krohn, mediante la aplicación de los índices de precios al consumidor a nivel nacional; ordenó igualmente que, mediante la práctica de una experticia complementaria del fallo, se estableciera el monto indemnizatorio correspondiente a la parcela cuya propiedad se le atribuye al ciudadano Roberto Krohn; asimismo, se ordenó actualizar las cantidades correspondientes al resto de los expropiados (según lo acordado en sentencia de fecha 30 de mayo de 1989), mediante la aplicación de los índices de precios al consumidor a nivel nacional, calculados desde el 18 de julio de

1988, fecha de consignación del avalúo que los incluye, hasta el 13 de agosto de 1999, finalmente, ordenó notificar a la Oficina Central de Estadística e Informática (OCEI), a los fines de que remitiera a la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo los resultados de la aplicación monetaria de las cantidades determinadas en el referido avalúo.
En fecha 9 de noviembre de 1999, se recibió oficio N° OCEI-0285 de fecha 27 de octubre de 1999, emanado de la Oficina Central de Estadística e Informática (OCEI), mediante la cual remitió a la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo la información solicitada por ese Órgano Jurisdiccional en fecha 16 de septiembre de 1999.
Mediante auto de fecha 15 de junio de 2000, la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo, remitió a la Oficina Central de Estadística e Informática (OCEI) copia certificada de la sentencia de dicha Corte de fecha 13 de agosto de 1999, visto que el oficio N° 2285 de fecha 27 de octubre de 1999, excluyó de los resultados de la aplicación de la corrección monetaria de las cantidades determinadas en los avalúos, a algunos de los propietarios.
El 11 de octubre de 2000, se recibió oficio N° OCEI-279 de fecha 9 de octubre de 2000, emanado de la Oficina Central de Estadística e Informática (OCEI), mediante la cual remitió a la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo, información solicitada por ese Órgano Jurisdiccional.
El 18 de abril de 2002, la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo dictó sentencia mediante la cual acogió el resultado de la aplicación de la corrección monetaria sobre el monto indemnizatorio correspondiente a los ciudadanos Antonio Do Campo y María Da Anunciacao Rodríguez, por la cantidad de Tres Millones Seiscientos Noventa y Seis Mil

Quinientos Ochenta y Seis Bolívares con Treinta y Un Céntimos (Bs. 3.696.586,31), más la cantidad que corresponde por concepto de intereses moratorios calculados desde el 13 de agosto de 1999, fecha en la cual la Corte dictó sentencia en la que declaró procedente la corrección monetaria, hasta la fecha de pago definitivo de la indemnización, calculados al doce por ciento (12%) anual, sobre la cantidad establecida en el informe realizado por la Oficina Central de Estadística e Informática (OCEI).
Mediante Resolución Nº 2003-00033 de fecha 10 de diciembre de 2003, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nº 37.866 de fecha 27 de enero de 2004, la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia creó la Corte Segunda de lo Contencioso Administrativo, con las mismas competencias y atribuciones de la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo.
A través de la Resolución de fecha 15 de Julio de 2004, dictada por la Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, publicada en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nº 37.980, fueron designados los Jueces de las Cortes Primera y Segunda de lo Contencioso Administrativo.
En atención a lo establecido en la Disposición Transitoria Segunda de la Resolución Nº 68 de fecha 27 de agosto de 2004, dictada por la Dirección Ejecutiva de la Magistratura, publicada en la Gaceta Oficial de la República de Bolivariana de Venezuela Nº 38.011 de fecha 30 de agosto de 2004 y reformada mediante Resolución Nº 90 de fecha 4 de octubre de 2004, dictada por la Dirección Ejecutiva de la Magistratura, se acordó la distribución de las causas que se encontraban originalmente en la Corte Primera de lo

Contencioso Administrativo, quedando asignados a la Corte Segunda de lo Contencioso Administrativo los expedientes de las causas cuyo número de identificación terminara en un dígito par, como ocurre en el presente caso.
Mediante diligencia de fecha 3 de febrero de 2005, el ciudadano Martín José Figuera Molina, actuando con el carácter de representante del ciudadano Martín Figuera Salcedo, parte expropiada en el presente caso, solicitó a esta Corte que oficiara a la Oficina Central de Estadísticas e Informática (OCEI), a fin de que le sea aplicado el interés anual del 12% al monto que se le adeuda a su representado.
En fecha 7 de febrero de 2006, la representante de la República, consignó copia certificada de la orden de pago N° 2753 de fecha 3 de agosto de 2005, emitida por el ente expropiante, por un monto de Tres Millones Seiscientos Noventa y Seis Mil Quinientos Ochenta y Seis Bolívares con Treinta y Un Céntimos (Bs. 3.696.586,31), a nombre de la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo, correspondiente al monto indemnizatorio de los ciudadanos Antonio Do Campo y María Da Anunciacao Rodríguez, a los fines de que fuera agregado a los autos del expediente.
El 9 de mayo de 2006, el ciudadano Martín José Figuera Molina, actuando con el carácter de representante del ciudadano Martín Figuera Salcedo, parte expropiada en el presente caso, solicitó a esta Corte que oficiara a la Oficina Central de Estadísticas e Informática (OCEI), a fin de que le sea aplicado el interés anual del 12% al monto que se le adeuda a su representado, igualmente, solicitó se oficiara al Ministerio de Ambiente y de los Recursos Naturales, hoy Ministerio del Poder Popular para el Ambiente, con el objeto de que se haga efectivo el pago de la indemnización correspondiente.

Mediante auto de fecha 11 de mayo de 2006, se dejó constancia que en fecha 19 de octubre de 2005, fue reconstituida esta Corte Segunda de lo Contencioso Administrativo, quedando conformada de la siguiente manera: Ana Cecilia Zulueta Rodríguez (Presidenta), Alejandro Soto Villasmil (Vicepresidente) y, Alexis José Crespo Daza (Juez). Asimismo, este Órgano Jurisdiccional se abocó al conocimiento de la presente causa y se designó ponente al Juez Alexis José Crespo Daza.
En fecha 11 de mayo de 2006, se pasó el expediente al Juez ponente.
Vista la designación del ciudadano EMILIO RAMOS GONZÁLEZ; se reconstituyó la Corte Segunda de lo Contencioso Administrativo, quedando integrada su Junta Directiva, a partir del 6 de noviembre de 2006, de la siguiente manera: EMILIO RAMOS GONZÁLEZ, Presidente; ALEXIS JOSÉ CRESPO DAZA, Vicepresidente y; ALEJANDRO SOTO VILLASMIL, Juez.
Mediante diligencia de fecha 31 de enero de 2007, el ciudadano Martín José Figuera Molina, actuando con el carácter de representante del ciudadano Martín Figuera Salcedo, parte expropiada en el presente caso, ratificó la solicitud realizada en fecha 9 de mayo de 2006.
En fecha 7 de febrero de 2007, vista la reconstitución supra mencionada, esta Corte se abocó al conocimiento de la causa, se ratificó la ponencia al Juez Alexis José Crespo Daza, y se ordenó el pase del presente expediente, a los fines de dictar la decisión correspondiente.
En fecha 9 de febrero de 2007, se pasó el expediente al Juez ponente.


Una vez señalado lo anterior, esta Corte observa que la presente expropiación afectó a un considerable número de propietarios, razón por la cual, dado que de la revisión del expediente no pueden identificarse con exactitud los expropiados a los cuales ya se les efectuó el pago de la indemnización correspondiente y, dado que hasta la presente fecha no están determinados ni son determinables los propietarios que no han recibido el monto correspondiente a la indemnización, este Órgano Jurisdiccional considera conducente oficiar al Ministerio del Poder Popular para el Ambiente, a fin de que informe en un lapso de ocho (8) días de despacho siguientes a la notificación del presente auto, sobre el estado actual de los pagos realizados por dicho Ministerio a los expropiados en el presente procedimiento, ello a los fines de poder pronunciarse sobre los pedimentos realizados.
Publíquese y regístrese. Cúmplase lo ordenado.
El Presidente,

EMILIO RAMOS GONZÁLEZ
El Vicepresidente,

ALEXIS JOSÉ CRESPO DAZA
Ponente
El Juez,

ALEJANDRO SOTO VILLASMIL
La Secretaria Accidental,

ARGENDIS MANAURE PANTOJA
AJCD/17
Exp. Nº AP42-G-1981-001876

En fecha ________________ ( ) de ______________ de dos mil siete (2007), siendo la (s) ___________ de la ______________, se publicó y registró la anterior decisión bajo el Nº 2007-____________.
La Secretaria Accidental,