Expediente N° AP42-R-2007-000972
JUEZ PONENTE: ALEJANDRO SOTO VILLASMIL

El 2 de julio de 2007 se recibió en la Unidad de Recepción y Distribución de Documentos (URDD) de las Cortes de lo Contencioso Administrativo el Oficio Nº 07.1169 del 19 de junio de 2007, emanado del Juzgado Superior Sexto de lo Contencioso Administrativo de la Región Capital, anexo al cual remitió el expediente contentivo del recurso contencioso administrativo de nulidad interpuesto conjuntamente con pretensión de amparo constitucional, por el abogado José Ricardo Aponte, inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el N° 44.438, actuando con el carácter de apoderado judicial de la sociedad mercantil OPTICA BILLI, C.A., domiciliada en la ciudad de Caracas e inscrita en el Registro Mercantil Segundo de la Circunscripción Judicial del Distrito Federal y Estado Miranda, en fecha 23 de marzo de 1964, bajo el N° 86, Tomo 2-A Sgdo., contra la Providencia Administrativa N° 623-03 de fecha 22 de diciembre de 2003, emanada de la INSPECTORÍA DEL TRABAJO DEL MUNICIPIO LIBERTADOR EN EL DISTRITO CAPITAL, mediante la cual se declaró con lugar la solicitud de reenganche y pago de salarios caídos interpuesta por el ciudadano Henry Antonio Franco Rivas, titular de la cédula de identidad N° 9.960.648 contra la referida sociedad mercantil.
Dicha remisión obedeció a la apelación realizada por el abogado José Ricardo Aponte, en su carácter de apoderado judicial de la empresa recurrente, en fecha 24 de mayo de 2007 contra la decisión dictada el día 30 de abril de 2007 por el referido Juzgado, mediante la cual declaró sin lugar el recurso de nulidad interpuesto.
El 17 de julio de 2007 se dio cuenta a esta Corte y por auto de la misma fecha se designó ponente al Juez Alejandro Soto Villasmil, se dio inicio a la relación de la causa cuya relación sería de quince (15) días de despacho, dentro de los cuales la parte apelante debería presentar su fundamentación.
El 17 de septiembre de 2007 el apoderado judicial de la empresa Óptica Billi, C.A., presentó escrito de fundamentación de la apelación.
El 26 de septiembre de 2007 se inició el lapso de cinco (5) días de despacho para la promoción de pruebas, el cual venció el 2 de octubre del mismo año.
El 20 de noviembre de 2007, se dictó auto mediante el cual, vencido como estaba el lapso de pruebas sin que las partes hubiesen hecho uso de tal derecho, se fijó el día jueves 17 de abril de 2008 a las 9:40 de la mañana para que tuviera lugar el acto de informes de conformidad con el artículo 19, aparte 21 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia de la República Bolivariana de Venezuela.
El 17 de abril de 2008 tuvo lugar el acto de informes, dejando expresa constancia de la comparecencia del abogado José Ricardo Aponte, representante judicial de la empresa Óptica Billi, C.A., parte actora en la presente causa y la no comparecencia ni por si ni por apoderado de la Inspectoría del Trabajo del Municipio Libertador en el Distrito Capital.
El 18 de abril de 2008, se dijo “Vistos”, y se inició el lapso para dictar sentencia.
El 23 de abril de 2008 se pasó el expediente al Juez Ponente.
Revisadas las actas procesales, esta Corte pasa a decidir con base en los siguientes argumentos:
I
DEL RECURSO ADMINISTRATIVO DE NULIDAD

Que el procedimiento que dio origen a la Providencia Administrativa impugnada se inició el 21 de enero de 2003, cuando el ciudadano Henry Antonio Franco Rivas, titular de la cédula de identidad N° 9.960.648 solicitó ante la Inspectoría del Trabajo en el Municipio Libertador del Distrito Capital el reenganche y el pago de salarios caídos, por haber sido despedido el 17 de enero de 2003, del cargo de tallador óptico, a pesar de encontrarse amparado por la inamovilidad laboral decretada por el Presidente de la República mediante Decreto N° 2.271 de fecha 16 de enero de 2003.
Que en la oportunidad de dar contestación a la solicitud formulada, la recurrente Óptica Billi, C.A. lo hizo reconociendo la relación de trabajo que existió entre las partes, negando que el trabajador estuviera amparado con la inamovilidad laboral vigente, ya que éste abandonó su trabajo.
Que en la Providencia Administrativa en la que se declaró con lugar la solicitud de reenganche y pago de salarios caídos que es objeto de impugnación a través del presente recurso, la Inspectoría del Trabajo fundamentó su decisión señalando que “(…) visto que durante el lapso probatorio la representación empresarial no probó nada que favoreciera lo alegado por ellos sobre el abandono de trabajo por parte del reclamante, vista la inversión de la carga de la prueba al alegar un hecho nuevo, tal y como lo establece la Jurisprudencia de la Sala de Casación Social (…) y nada que aportare elementos probatorios en este sentido, este Despacho acuerda declarar Con Lugar el presente procedimiento (…).”
Que la Providencia Administrativa impugnada a través del recurso contencioso administrativo de nulidad interpuesto se encuentra viciada por haber infringido el artículo 49 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, que entre otras cosas garantiza que el debido proceso se aplicará a todas las actuaciones judiciales y administrativas, por lo que la defensa y asistencia jurídica son derechos inviolables en todo estado y grado de la investigación y del proceso, garantizándose a toda persona el derecho a ser notificada de los cargos por los cuales se le investiga, acceder a las pruebas y de disponer del tiempo y de los medios adecuados para ejercer su defensa.
Que le fue coartada a la empresa accionada el derecho a la defensa, incluido éste en el derecho al debido proceso, al transgredirse el derecho y principio a la tutela efectiva, al no permitírsele la total producción de las pruebas destinadas a acreditar la defensa de sus respectivos derechos.
Que el 14 de agosto de 2003 se llevó a cabo el acto de declaración de los testigos Amilcar Rafael Marquez Reverand, Mercedes Paniagua de Romero y Wiliam Pérez promovidos por la empresa demandada, los cuales se encontraban pautados para las 8 y 30, 9 y 30 y 10 y 30 de la mañana y el ciudadano Richard Antonio Gómez promovido por el trabajador pautado para rendir declaración a las 2:00 p.m. del mismo día. Iniciado el acto el apoderado del patrono Óptica Billi, C.A. evidenció un precario estado de salud, todo lo cual conllevó a solicitar la prórroga de los subsiguientes actos de declaración de testigos fijados para ese día, por lo que el Despacho que conocía el asunto accedió de inmediato, difiriéndose la declaración de los testigos promovidos por el patrono pero obviándose en el acta respectiva dejar constancia del diferimiento del acto de declaración del testigo promovido por el trabajador.
Que la Providencia Administrativa objeto de impugnación incurrió en el vicio de reposición no decretada, por cuanto el funcionario que la dictó debió ordenar la reposición de la causa al momento de verificar que el acto de declaración del ciudadano Richard Antonio Gómez Ricaurte, presentado en calidad de testigo por la parte actora, no fue diferido en su oportunidad, lo que debió hacerse por el mismo motivo por el cual fueron diferidas las declaraciones de los demás testigos, pues con tal omisión se le impidio a su representado ejercer el control de la prueba de testigo.
Que el acto administrativo recurrido infringió la disposición constitucional contenida en el artículo 26 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, que garantiza una justicia imparcial y equitativa, toda vez que la apoderada del trabajador no se presentó al acto a la hora indicada para la celebración del mismo; no obstante, una vez concluido éste se presentó, habiéndosele hecho presente y habiéndosele permitido repreguntar al testigo, beneficiándose con tal conducta en forma exagerada y parcializada al trabajador.
Solicitó se decrete amparo cautelar, y en consecuencia, se acuerde la suspensión de los efectos de la Providencia Administrativa 623-03, de fecha 22 de diciembre de 2003.
Finalmente, solicitó que el presente recurso contencioso administrativo de nulidad sea declarado con lugar en la definitiva.
III
DE LA SENTENCIA APELADA

En fecha 30 de abril de 2007, el Juzgado Superior Sexto de lo Contencioso Administrativo de la Región Capital declaró sin lugar la querella interpuesta y, para ello, razonó de la siguiente manera:
“ (…) Para decidir, este Tribunal observa que la parte actora recurre contra la Providencia Administrativa Nº 623-03 de fecha 22 de diciembre de 2003, dictada por la Insectoría del Trabajo en el Distrito Capital Municipio Libertador, en el expediente Nº 562-03, que declaró con lugar la solicitud de reenganche y pago de los salarios caídos interpuesta por el ciudadano Franco Rivas Henry Antonio, aduciendo que durante el procedimiento administrativo previo a la emisión del acto recurrido le fue lesionado su derecho a la defensa y al debido proceso, al no haber sido diferido un acto de testigo que debía llevarse a cabo el día 18 de agosto de 2003 a las 2:00 post meridiem, aun cuando ello fue expresamente solicitado, y haberse celebrado éste sin su presencia, y sin haber podido hacer uso de su derecho de repreguntar al testigo, viciando el procedimiento además de reposición no decretada, al no haber sido ordenada por el Inspector del Trabajo la reposición de la causa al momento en que se verificase nuevamente la declaración del ciudadano Richard Antonio Gómez Ricaurte en presencia de ambas partes. A los efectos se observa:
El derecho al debido proceso implica en un primer lugar el deber por parte del órgano correspondiente de cumplir con el procedimiento establecido en la ley, que éste sea debido, y que garantice los requisitos mínimos de defensa del administrado.
Tal concepción limita y excluye de forma absoluta, cualquier actuación administrativa que limitando los derechos subjetivos de los administrados sea llevada a cabo sin que medie un procedimiento en el cual se haya observado la verificación de estas garantías mínimas.
Es así como en resguardo de la eficiencia administrativa y de los derechos de los particulares, no puede la Administración dictar acto, especialmente los de carácter ablatorio sin estar éste precedido y fundamentado en un procedimiento previamente establecido. Este principio inquebrantable se encuentra plasmado en el ordenamiento jurídico venezolano y en la doctrina patria, en tal sentido de acuerdo a lo indicado por José Araujo Juárez, en su obra ‘Principios Generales del Derecho Administrativo Formal’. (Vadell hermanos Editores. 2a Edición. Valencia-Venezuela, 1.993, pág. 26), el derecho al debido proceso:
‘Es un requerimiento de la legalidad administrativa la fijación de un instrumento jurídico, que con alcance procedimental indique el camino a transitar en la preparación, emisión, impugnación y ejecución de la voluntad administrativa. (...) La Administración no sólo debe aplicar un Derecho sustancial, material, sino que debe al mismo tiempo hacerlo con arreglo a cierto procedimiento establecido por un derecho adjetivo y formal.’
Dicho lo anterior, observa este Juzgado que tal y como lo señala la parte recurrente, en el acta de fecha 14 de agosto de 2003, en la cual se dejó constancia de la declaración rendida por el ciudadano Franco Rivas Henry Antonio, y que corre inserta al folio 103 del expediente judicial, textualmente se señaló:
‘Seguidamente la parte accionada Interviene y expone: ‘En virtud de un cuadro viral que presenta el exponente, solicito muy respetuosamente a este Despacho Diferir los subsiguientes acto (sic) de testigo (sic) fijados para el día de hoy, para la oportunidad que este a bien tenga. Es Todo’. El Funcionario del Trabajo que preside el acto deja constancia (…), de la comparecencia de las partes, asimismo se deja constancia que se encuentran presente (sic) los testigos MERCEDES DE ROMERO y WILLIAM PEREZ, testigos promovidos por la parte accionada los cuales debían rendir su declaración para el día de hoy 14-08-03, a las 9:00 a.m., y 9:30 a.m., los mismos quedan Diferidos para el día Jueves 21 de Agosto de 2003, a las 9:00 y 9:30 a.m., quedando ambas partes debidamente notificadas mediante la presente acta Terminó se leyó y conforme (sic) firman’. (Subrayado y negritas del Tribunal).
De lo anterior se desprende que, si bien es cierto que en el acta se dejó constancia de que el representante de la empresa accionada solicitó se difirieran todos los actos de testigos pautados para el día 18 de agosto de 2003, no es menos cierto que en atención a la solicitud planteada, se dejó expresamente señalado que se diferían los actos de testigos correspondientes a las declaraciones que debían ser rendidas a las 9:00 a.m. y 9:30 a.m. del mismo día, dejándose constancia además de que las partes quedaban notificadas, y que firmaban el acta conformes. Así, dicha acta fue debidamente refrendada y suscrita por el apoderado judicial de la Sociedad Mercantil Óptica Billi C.A., parte accionada en el procedimiento administrativo laboral, y parte recurrente en el presente caso, como manifestación inequívoca de su conformidad con el contenido de la misma.
Así, cualquier inconformidad con lo aprobado por el órgano administrativo, debió advertirse inmediatamente, solicitar aclaratoria o tomar medidas necesarias a los fines de ejercer su defensa, toda vez que el Inspector, en los casos como el de autos, actúa asimilando actuaciones jurisdiccionales en sede administrativa en las cuales debe dirimir controversias entre particulares, actuando como si fuera un director del proceso. Siendo así, la petición de cualesquiera de las partes en la disputa, no obligan al órgano, de forma tal que aún cuando haya solicitado el diferimiento de todos los testigos que seguían, no por ello debió acordarse y tal como sucedió en el caso de autos y consta del acta suscrita por el ahora actor, solo se difirieron los testigos que continuaban en la mañana y al no existir pronunciamiento sobre el resto de los testigos, debe entenderse que sobre la oportunidad de su evacuación, no hubo modificación alguna.
De manera que el hecho de que el apoderado de la empresa accionada en el procedimiento administrativo, no haya asistido al acto de testigo pautado para el día 18 de agosto de 2003 a las 2:00 p.m. -aun cuando en esta instancia jurisdiccional alegue causas de fuerza mayor que justifican su inasistencia al acto, hechos que eran conocidos por el Inspector del Trabajo en su oportunidad-, no puede ser imputado a la Administración, ni puede ser causal de nulidad del la Providencia Administrativa objeto del presente recurso, por cuanto ni la Administración, ni este Juzgado están obligados a suplir la inercia, omisión, e inactividad de la parte recurrente en solicitar en su oportunidad y de manera expresa el diferimiento del testigo pautado para el día 18 de agosto de 2003 a las 2:00 p.m., o en todo caso, la corrección del acta en comento.
En consecuencia, y visto que en ningún momento al recurrente se le ‘prohibió realizar actividades probatorias’, y dado que la denuncia del apoderado judicial de la recurrente se circunscribe a señalar que la Insectoría del Trabajo violentó el derecho a la defensa de su representada al evacuar un testigo en un acto que debió ser diferido de oficio por la Insectoría del Trabajo, según el decir del recurrente por ‘ lógica procesal’, a consideración de este Juzgado, es evidente que la omisión fue del recurrente al verificar que no se difirieron los testigos de la tarde, y no tomar los correctivos necesarios al presentársele el acta para su firma, por lo que resulta forzoso para éste Juzgado desechar el argumento esgrimido por el apoderado judicial en tal sentido. Así se decide.
Dicho lo anterior, debe declararse igualmente improcedente la denuncia con respecto al vicio de reposición no decretada, por cuanto como se señaló, el Inspector del Trabajo no estaba obligado a suplir la omisión de la parte accionada en sede administrativa de solicitar el diferimiento expreso del acto de testigo en referencia, o en todo caso la solicitud de corrección del acta de testigo antes señalada. Así se decide.
Con respecto a la denuncia de Infracción por parte de la Insectoría del Trabajo del Municipio Libertador del Distrito Capital, del contenido del artículo 26 constitucional, por cuanto según el decir de la parte recurrente, el Inspector actuó de forma parcializada, beneficiando exageradamente al trabajador accionante en sede administrativa, al permitirle ejercer el derecho a repreguntar en un acto de testigo al cual había llegado tarde, se observa:
Del acta de testigo que corre inserta al folio 103 del expediente judicial, se desprende en primer lugar, que el acto de testigo se anunció a las 8:30 a.m., del día 18 de agosto de 2003, y la apoderada del trabajador hizo acto de presencia a las 8:35 a.m., tiempo insuficiente, a consideración de este Juzgado, para anunciar el acto, juramentar al testigo según las formalidades de ley, imponerle los motivos de su comparecencia, dar inicio al acto y formular cuatro preguntas a un testigo, y obtener de él las correspondientes respuestas, por lo que las máximas de experiencias indican, que el acto no pudo haber concluido a tan sólo cinco minutos de haberse anunciado. En segundo lugar, no consta que al momento en que la apoderada judicial del trabajador se incorporó al acto, se hubiere declarado concluido formalmente el mismo.
De tal forma que aún cuando corresponde a los abogados el deber de asistir puntualmente a los actos del proceso o del procedimiento, no existe norma que sancione al retardo en la comparecencia con la carga de imposibilitar ejercer las repreguntas cuando no ha concluido el acto. De allí, que pese a la tardanza, al no haber sido cerrada el acta correspondiente al acto de testigo, ni constar la existencia de una orden de cierre, la presencia a los cinco minutos de haber empezado el acto no siendo cerrado el mismo, permite a la parte retrasada ejercer su derecho a la defensa, pues lo contrario, constituiría una verdadera lesión al derecho a la defensa, independientemente de si se le aplica al trabajador o a la parte patronal.
Así, visto lo anterior, a consideración de este Juzgado la Insectoría del Trabajo lejos de violentar el contenido del artículo 26 constitucional al permitir a la apoderada del trabajador ejercer el derecho a repreguntar al testigo, garantizó el respeto al derecho a la defensa y al debido proceso tanto de la parte accionada como del trabajador, y siendo que este derecho no corresponde de manera exclusiva a ninguna de las partes, el ejercicio del mismo por ambas partes no colocó en desventaja a la empresa accionada en sede administrativa, por lo que se desecha el alegato de la parte recurrente en tal sentido. Así se decide.
Desechados como han sido los alegatos esgrimidos por la parte recurrente, resulta forzoso para este Juzgado declarar Sin Lugar el recurso contencioso administrativo de nulidad interpuesto en contra de la Providencia Administrativa Nº 623-03 de fecha 22 de diciembre de 2003, dictada por la Insectoría del Trabajo en el Distrito Capital Municipio Libertador, en el expediente Nº 562-03. Así se decide.

IV
FUNDAMENTACIÓN DE LA APELACIÓN
El 17 de septiembre de 2007 el abogado José Ricardo Aponte, actuando en representación de la empresa Óptica Billi, C.A., consignó escrito de fundamentación a la apelación interpuesta, en los siguientes términos:
Que la Providencia Administrativa impugnada a través del recurso contencioso administrativo de nulidad interpuesto se encuentra viciada por haber infringido el artículo 49 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, que entre otras cosas garantiza que el debido proceso se aplicará a todas las actuaciones judiciales y administrativas, por lo que la defensa y asistencia jurídica son derechos inviolables en todo estado y grado de la investigación y del proceso, garantizándose a toda persona el derecho a ser notificada de los cargos por los cuales se le investiga, acceder a las pruebas y de disponer del tiempo y de los medios adecuados para ejercer su defensa.
Que le fue coartada a la empresa accionada el derecho a la defensa, incluido éste en el derecho al debido proceso, al transgredirse el derecho y principio a la tutela efectiva, al no permitírsele la total producción de las pruebas destinadas a acreditar la defensa de sus respectivos derechos.
Alegó que en el transcurso del procedimiento de reenganche y pago de salarios caídos se le impidió a la empresa demandada ejercer su derecho a repreguntar, en virtud del principio de comunidad de la prueba, por cuanto en el acto de declaración de testigos fijado para el día 14 de agosto de 2003, a las 8:30 a.m., 9:30 a.m., 10:30 a.m. y 2:00 p.m., se luego de celebrado el primero de los testimoniales se solicitó el diferimiento de los siguientes por quebrantos de salud del apoderado de la empresa demandada, pedimento al cual el despacho de la inspectorio accedió levantando para ello un acta, en la cual se obvio diferir la decalaración del testigo fijada para ese mismo día a las 2: 00 p.m.
En base a lo anterior consideró que “[su] representada no tuvo control alguno sobre la declaración del señor Richard Gómez ya que su diferimiento nunca ocurrió, a pesar de que el mismo debió ocurrir al igual que se ordenó el diferimiento de los demás actos fijados para ese mismo día 14-08-2003 [sic]. Claro que la empresa tenía la obligación de probar y siendo así, en perfecta aplicación del Principio de Comunidad de la Prueba, [su] mandante pudo valerse de dicha prueba testimonial para cumplir con su obligación de demostrar su alegato, através del derecho de repreguntar, lo cual no pudo hacer por no tener acceso a dicha prueba; es decir, se le impidió realizar su actividad probatoria, violándosele así su derecho a la defensa”. (Negrillas del escrito de fundamentación)
Que la Providencia Administrativa objeto de impugnación incurrió en el vicio de reposición no decretada, por cuanto el funcionario que la dictó debió ordenar la reposición de la causa al momento de verificar que el acto de declaración del ciudadano Richard Antonio Gómez Ricaurte, presentado en calidad de testigo por la parte actora, no fue diferido en su oportunidad, lo que debió hacerse por el mismo motivo por el cual fueron diferidas las declaraciones de los demás testigos, esto es, por causa de fuerza mayor, representado por el estado grave de salud que presentaba el abogado de la parte demandada en la oportunidad fijada para la evacuación de los testigos.
Que el acto administrativo recurrido infringió la disposición constitucional contenida en el artículo 26 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, que garantiza una justicia imparcial y equitativa, toda vez que la apoderada del trabajador no se presentó al acto a la hora indicada para la celebración del mismo; no obstante, una vez concluido éste se presentó, habiéndosele hecho presente y habiéndosele permitido repreguntar al testigo, beneficiándose con tal conducta en forma exagerada y parcializada al trabajador.
Finalmente solicitó se declare nula la Providencia Administrativa Impugnada.


V
CONSIDERACIONES PARA DECIDIR
- De la Competencia
Previo a emitir cualquier pronunciamiento en torno al asunto sometido a su consideración en esta oportunidad, corresponde a esta Corte Segunda de lo Contencioso Administrativo pronunciarse acerca de su competencia, para conocer de la apelación ejercida contra la decisión dictada por el Juzgado Superior Sexto de lo Contencioso Administrativo de la Región Capital, el 30 de mayo de 2007.
Y al efecto, observa que el artículo 110 de la Ley del Estatuto de la Función Pública, donde se dispone que la competencia para conocer en alzada de las decisiones dictadas por los Juzgados Superiores con competencia contencioso-administrativa regionales en materia de función pública, corresponde a la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo, y por cuanto el artículo 1° de la Resolución Nº 2003-00033 emanada de la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia de la República Bolivariana de Venezuela, en fecha 10 de diciembre de 2003, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nº 37.866, de fecha 27 de enero de 2004, establece que esta Corte Segunda de lo Contencioso Administrativo tendrá las mismas competencias que corresponden a la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo; debe este Órgano Jurisdiccional declarar su competencia para conocer de la presente apelación, y así se declara.
Determinada como ha sido la competencia de esta Corte para conocer de la presente apelación, pasa este Órgano Jurisdiccional a pronunciarse con base en las siguientes consideraciones:
Advierte esta Corte necesario pronunciarse respecto al escrito de fundamentación presentado en el presente caso, y en tal sentido, observa que en el mismo no se ataca en forma directa la sentencia recurrida, pues, en su contenido se reproducen en mayor parte los argumentos debatidos por la parte querellada en la primera instancia.
Ello así, resulta pertinente señalar que entre las principales actividades del Estado se encuentra el control jurídico, el cual está dirigido a establecer la concordancia con la Ley de la actividad de los particulares, tal es la finalidad de la jurisdicción ordinaria; pero ese control también puede dirigirse a la vigilancia de la actividad jurídica de los mismos funcionarios del Estado, entre los cuales se hallan los jueces. Dentro de la jurisdicción ordinaria, la apelación tiene como fin realizar en una segunda instancia, el mismo control de la actividad jurídica de los particulares, cumplido por el Tribunal de la causa. Se trata de la misma controversia cuyo conocimiento pasa, en los límites del agravio, al juez superior (Vid. Sentencia número 2006-00881 dictada por este Órgano Jurisdiccional en fecha 5 de abril de 2006, caso: Juan Alberto Rodríguez Salieron vs. Instituto Autónomo de Policía Municipal de Chacao).
De esta forma, para acceder al recurso de apelación, y con ello al hecho que la controversia decidida en primera instancia sea sometida a reexamen por el Juez de Alzada, tan solo es necesario que la sentencia objeto del mismo represente un gravamen para el apelante, esto es, que la misma afecte sus derechos e intereses por contener un punto que incida directamente en su esfera jurídica, en virtud de haberse decidido en forma contraria a su pretensión o defensa sostenida durante el proceso, encontrándose allí el fundamento propio de dicho recurso, de manera que el Juez Superior no está llamado a rescindir un fallo ya formado, ni a indagar si el precedente pronunciamiento aparece afectado por determinados vicios en relación a los cuales merezca ser anulado o mantenido con vida; sino que está llamado a juzgar inmediatamente ex novo sobre el mérito de la controversia misma (Vid. Sentencia número 2006-1185 dictada por esta Corte el 4 de mayo de 2006, caso: Miriam Josefina Naranjo Ortega vs. Alcaldía del Distrito Metropolitano de Caracas. En ese mismo sentido, Cfr. Decisiones números 1.144, 647, 1914, 2595 y 5148 de la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, dictadas en fechas 31 de agosto de 2004, 16 de mayo y 4 de diciembre de 2003, 5 de mayo y 21 de julio de 2005, respectivamente).
En este sentido, en el citado fallo de fecha 4 de mayo de 2006, esta Corte precisó que podía establecerse una clara diferencia entre los fundamentos propios del recurso de apelación y la actividad que debe desplegar el Órgano Jurisdiccional de Alzada que ha de resolver el mismo, por una parte; y, el fundamento y actividad a realizarse en el recurso de casación, por la otra, en el entendido que en el segundo de los casos el recurso extraordinario de casación demuestra ser un auténtico medio de impugnación, como doctrinariamente ha sido definido, pues el fundamento del mismo no se encuentra en el simple perjuicio que sufre el recurrente por la sentencia dictada, sino que se trata de un defecto del cual adolece el fallo impugnado, erigiéndose dicho defecto con una magnitud tal, que impide que dicha decisión pueda desplegar sus efectos jurídicos.
De tal forma, al apelar se insta una nueva decisión, provocándose que la autoridad jurisdiccional superior examine la misma controversia, delimitada por la pretensión deducida en el libelo de la demanda y por lo expuesto en la respectiva contestación; de su lado, las acciones de impugnación no se sustentan en el derecho a obtener una nueva sentencia sobre la misma pretensión, sino en el derecho a obtener la anulación de una sentencia por determinados vicios de forma o de fondo (Vid. Sentencia número 420 de la Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia del 4 de mayo de 2004, caso: Jesús A. Villareal Franco. En igual sentido, Cfr. RENGEL ROMBERG, Arístides. Tratado de Derecho Procesal Civil Venezolano. Caracas: Editorial Gráfica Carriles, C.A., 2001. Tomo II, p.397).
Es claro pues, que con la apelación se busca una completa revisión de la controversia y no sólo del fallo cuestionado. No obstante, conviene clarificar a este respecto que existen limitaciones, entre las cuales vale mencionar que al apelante le está vedado el pretender establecer nuevos hechos, nunca discutidos, o variar los ya planteados, cambiando por tanto los extremos de la litis; sin embargo, sí se encuentra posibilitado de argüir fundamentos de derecho, incluso no esgrimidos en primera instancia, pero relacionados con los mismos hechos. En otros términos, pueden sumarse argumentaciones jurídicas, más no pueden cambiarse las circunstancias fácticas del asunto a ser revisado por el Tribunal de Alzada (Vid. Sentencia de la Sala Constitucional del Máximo Tribunal de la República de fecha 26 de febrero de 2007, caso: Trina María Betancourt Cedeño vs. Corte Primera de lo Contencioso Administrativo).
Por último, es conveniente anotar lo señalado por esta Corte en la comentada sentencia número 2006-1185 del 4 de mayo de 2006, en cuanto a las exigencias relativas a la fundamentación del recurso de apelación, en el sentido de que “(…) a los fines de considerar válido el recurso de apelación ejercido, tan sólo es necesario que la parte apelante exprese las razones de hecho y de derecho en que [la fundamenta] (…), lo cual deberá realizar dentro del lapso y en la forma establecido en el aparte 18 del artículo 19 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia de la República Bolivariana de Venezuela, y que constituirá elementos suficientes a los fines de que este Órgano Jurisdiccional despliegue la actividad jurisdiccional que la ha sido encomendada, sin que en ningún momento ello signifique que deba formalizarse el recurso de apelación tomando en cuenta las técnicas para las delaciones de los vicios de la sentencia impugnada que pueden hacerse valer en el recurso de casación (Vid. Sentencia N° 4577 de la Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, de fecha 30 de junio de 2005, caso: Leonel Rodríguez Álvarez)”.
Así las cosas, resulta evidente para esta Instancia Jurisdiccional que la forma en que la representación judicial de la parte querellada formuló sus planteamientos en el escrito de fundamentación de la apelación no resultó ser la más adecuada, sin embargo, de acuerdo a los lineamientos dispuestos en los artículos 26 y 257 de la Carta Magna, según los cuales la obtención de la justicia debe prevalecer sobre los formalismos no esenciales, y en atención a las consideraciones doctrinarias y jurisprudenciales antes expuestas, dicha imperfección no debe constituir un impedimento para que se analice el sustrato de la controversia aquí tratada, más cuando, de los propios argumentos esgrimidos, surge la clara disconformidad con el fallo apelado, de tal modo que resulta dable entrar a conocer y decidir los argumentos expuestos en el escrito consignado, y así se declara.
El recurso de nulidad interpuesto por el abogado José Ricardo Aponte, apoderado judicial de la sociedad mercantil OPTICA BILLI, C.A., se circunscribe a la impugnación de la Providencia Administrativa N° 623-03 de fecha 22 de diciembre de 2003, emanada de la Inspectoría del Trabajo del Municipio Libertador, mediante la cual se declaró con lugar la solicitud de reenganche y pago de salarios caídos interpuesta por el ciudadano Henry Antonio Franco Rivas, titular de la cédula de identidad N° 9.960.648 contra la citada sociedad mercantil.
Esta Corte observa que el apoderado de empresa recurrente, denuncia la violación al derecho a la defensa, así como la violación al debido proceso, previstos en el artículo 49 de la Constitución Bolivariana de Venezuela, pues en su criterio, se le cercenó el derecho de repreguntar, la producción de la actividad probatoria destinada a la defensa de sus derechos.
En referencia a los derechos constitucionales alegados como vulnerados este Juzgado establece que el cumplimiento al derecho constitucional al debido proceso, consagrado en el artículo 49 numeral 1 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, el cual es inviolable en todo estado y grado del proceso sea este judicial o administrativo es obligatorio. Por lo que este derecho únicamente queda garantizado en la medida en que se dispongan de los medios posibles para que llegue al destinatario el conocimiento de todo lo necesario para una defensa efectiva.
Resulta pertinente precisar que, el derecho al debido proceso es un derecho complejo que encierra dentro de sí, un conjunto de garantías que se traducen en una diversidad de derechos, entre los que figuran, el derecho a acceder a la justicia, el derecho a ser oído, el derecho a la articulación de un proceso debido, derecho de acceso a los recursos legalmente establecidos, derecho a obtener una resolución de fondo fundada en derecho, derecho a un proceso sin dilaciones indebidas, entre otros. Todos estos derechos se desprenden de la interpretación de los ocho ordinales que consagra el artículo 49 de la Carta Fundamental.
El artículo 49 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela consagra que el debido proceso es un derecho aplicable a todas las actuaciones judiciales y administrativas, disposición que tiene su fundamento en el principio de igualdad ante la ley, dado que el debido proceso significa que ambas partes en el procedimiento administrativo, como en el proceso judicial, deben tener igualdad de oportunidades, tanto en la defensa de sus respectivos derechos como en la producción de las pruebas destinadas a acreditarlos.
En ese sentido, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, mediante sentencia Nro. 80 del 1° de febrero de 2001, ha señalado con relación al debido proceso lo siguiente:
“...Así, la doctrina ha señalado que el derecho al debido proceso -y dentro de éste el derecho a la defensa-, tiene un carácter operativo e instrumental que nos permite poner en práctica los denominados derechos de goce (p. Ej. Derecho a la vida, a la libertad, al trabajo), es decir, su función última es garantizar el ejercicio de otros derechos materiales mediante la tutela judicial efectiva, por ello, su ejercicio implica la concesión para ambas partes en conflicto, de la misma oportunidad de formular pedimentos ante el órgano jurisdiccional. De manera que la violación del debido proceso podrá manifestarse: 1) cuando se prive o coarte alguna de las partes la facultad procesal para efectuar un acto de petición que a ella privativamente le corresponda por su posición en el proceso; 2) cuando esa facultad resulte afectada de forma tal que se vea reducida, teniendo por resultado la indebida restricción a las partes de participar efectivamente en plano de igualdad, en cualquier juicio en el que se ventilen cuestiones que les afecte. Bajo esta óptica la violación al debido proceso y la consecuente indefensión operará, en principio, dentro de un proceso ya instaurado, y su existencia será imputable al Juez que con su conducta impida a alguna de las partes la utilización efectiva de los medios o recursos que la ley pone a su alcance para la defensa de sus derechos...”.
En referencia a la supuesta violación del artículo 49 de la Constitución, observa esta corte que la misma se circunscribe específicamente a que el acto administrativo viola el contenido del artículo 49 Constitucional, en lo que se refiere al debido proceso, ya que en el procedimiento de reenganche y pago de salarios caídos se le impidió ejercer actividad probatoria, de las testimoniales fijadas para el día 14 de agosto de 2003, a las 2:00 p.m., incurriendo la Providencia Administrativa impugnada en el vicio de reposición no decretada, por cuanto el funcionario que la dictó debió ordenar la reposición de la causa al momento de verificar que el acto de declaración del ciudadano Richard Antonio Gómez Ricaurte, presentado en calidad de testigo por la parte actora, el cual no fue diferido en su oportunidad, lo que debió hacerse por el mismo motivo por el cual fueron diferidas las declaraciones de los demás testigos, esto es, por causa de fuerza mayor, caracterizado por el estado grave de salud que presentaba el abogado de la parte demandada en la oportunidad fijada para la evacuación de los testigos.
Respecto de la anterior denuncia debe esta Corte señalar, que consta en el expediente administrativo acta de fecha 14 de agosto de 2003, levantada con ocasión de la evacuación de las testimoniales citadas en el párrafo anterior (folio 44), dejándose constancia en la parte in fine, del diferimiento solicitado por el ciudadano José Ricardo Aponte, para el 21 de agosto de 2003, de las testimoniales restantes que habían sido fijadas para ese mismo día, la cual fue firmada en señal de conformidad no sólo por el funcionario de la Inspectoría de Trabajo designado a tal efecto, y el testigo evacuado, sino por el ciudadano José Ricardo Aponte en su carácter de apoderado judicial de la empresa recurrente; así las cosa resulta evidente en el caso de autos que la Inspectoría del Trabajo del Municipio Libertador del Distrito Capital, en la oportunidad de evacuar la prueba testimonial del ciudadano Richard Antonio Gómez, no transgredió las garantías constitucionales del derecho a la defensa y al debido proceso de la empresa Óptica Billi, C.A., toda vez que en el acta de fecha 14 de agosto de 2003, levantada por la Inspectoría se dejó constancia de manera inequívoca que “ ‘En virtud de un cuadro viral que presenta el exponente, solicito muy respetuosamente a este Despacho Diferir [sic] los subsiguientes acto de testigo [sic] fijados para el día de hoy, para oportunidad que este a bien tenga. Es todo.’ El funcionario del Trabajo que preside el acto deja constancia de la declaración rendida por el testigo arriba identificado, de la comparecencia de las partes, asimismo se deja constancia que se encuentran presentes los testigos MERCEDES DE ROMERO y WILLIAM PEREZ, testigos promovidos por la parte accionada los cuales debían rendir su declaración para el día de hoy 14-08-03, [sic] a las 9:00 a.m. y 9:30 a.m., los mismos quedan Diferidos para el día Jueves 21 de agosto de 2003, a las 9:00 y 9:30 a.m., quedando ambas partes debidamente notificados mediante la presente acta. Termino se leyó y conforme firman” (folio 42 y su vuelto del expediente administrativo); de la anterior transcripción se puede verificar que tal y como lo estableció el a quo, no se difirió la testimonial fijada para las 2:00 de la tarde de ese mismo día, razón por la cual al suscribir el acta el apoderado judicial de la empresa, quedó conteste con el contenido, es decir, con los diferimientos acordados a los testigos. En virtud de lo cual no se le vulneró su derecho a la defensa y al debido proceso, evidenciándose además que el acto administrativo no se encuentra inficionado del vicio de reposición no decretada, ya que de lo dicho anteriormente quedó claro que tenía conocimiento de las testimoniales diferidas, y que si no estuvo de acuerdo con las mismas o pretendía que se le difiriera el acto pautado para las 2:00 p.m., (Richard Antonio Gómez) debió manifestarlo al momento de suscribir el acta, en tal virtud, al no constar en las actas del expediente administrativo mención alguna de su disconformidad con la actuación de la Inspectoría mal puede alegar en esta instancia judicial que se le violo su derecho a la defensa y que debe reponerse la causa, pues tuvo la oportunidad de señalar lo que a bien tenía en el momento en que se difirieron las declaraciones de los testigos. Así se declara.
Aunado a ello, es menester para esta Corte resaltar que el fundamento de la Providencia Administrativa no recayó en la deposición realizada por el testigo Richard Antonio Gómez Ricaurte, -que según el apoderado judicial de la Sociedad Mercantil no ejerció su derecho a repreguntar al referido testigo- el fundamento para que la Inspectoría del Trabajo, declarara procedente la solicitud de reenganche y pago de salarios caídos ejercida por el ciudadano Henry Franco Rivas, fue que debió la empresa accionada probar que hubo abandono de trabajo ya que ésta es la razón por la cual despidió al accionante, lo cual no hizo, advirtió la Administración que las declaraciones de los testigos promovidos por la empresa fueron vagas y no aportaron mayor claridad al proceso, teniendo posibilidad a lo largo del procedimiento llevado ante la Inspectoría para probar todo cuanto le favoreciera, concluyó la Providencia Administrativa que el representante de la empresa no probó nada que le beneficiara, criterio que comparte esta Corte. Así se decide.
En cuanto a lo alegado por el apoderado judicial de la empresa accionante, referente a la violación de la disposición contenida en el artículo 26 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, por la imparcialidad en que incurrió la Inspectoría, demostrando una conducta parcializada hacia el trabajador al permitírsele ejercer su derecho a repreguntar en el acto de testigo cuando su representante no llegó al acto a la hora indicada, al respecto esta Corte observa; que tal y como lo estableció el juzgado a quo, de la revisión realizada al acta de testigo que riela inserta en el expediente administrativo en el folio 42 y su vuelto, se desprende que la Inspectoría del trabajo el día 18 de agosto del 2003, fecha para la cual estaba pautada la realización de los actos de testigos, se anunció el comienzo del acto a las 8:30 a.m., en cumplimiento de las formalidades que regulan los actos de testigos; y la apoderada judicial del trabajador ciudadana Coromoto Briceño, según se desprende del acta se presentó a las 8:35 a.m., oportunidad en la cual ejerció su derecho a repreguntar, así pues es necesario advertir que si bien, no se siguieron las formalidades que debe existir en tales actos, tal error, no violó derecho alguno a la empresa, pues, se insiste, el fundamento de la Providencia Administrativa, se sustentó en que la empresa no demostró que el trabajador haya incurrida en una causal de despido justificado, como lo es, el abandono de trabajo, teniendo la oportunidad de demostrar sus dichos a lo largo del procedimiento administrativo, por lo que a criterio de esta Corte es irrelevante las preguntas realizadas por la parte judicial del trabajador, en consecuencia no se vulneró su derecho constitucional a una justicia justa e imparcial, establecido en el artículo 26 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Así se declara.
Sobre la base de lo expuesto anteriormente esta Corte declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto en fecha en fecha 24 de mayo de 2007, por el abogado José Ricardo Aponte, en su carácter de apoderado judicial de la empresa recurrente, y consecuencialmente se confirma el fallo de fecha 30 de abril de 2007 por el Juzgado Superior Sexto de lo Contencioso Administrativo, que declaró sin lugar el recurso de nulidad interpuesto contra la Providencia Administrativa N° 623-03 de fecha 22 de diciembre de 2003, emanada de la INSPECTORÍA DEL TRABAJO DEL MUNICIPIO LIBERTADOR EN EL DISTRITO CAPITAL, mediante la cual se declaró con lugar la solicitud de reenganche y pago de salarios caídos interpuesta por el ciudadano Henry Antonio Franco Rivas, titular de la cédula de identidad N° 9.960.648 contra la sociedad mercantil OPTICA BILLI, C.A. y así se decide.

VI
DECISIÓN

Por las razones precedentemente expuestas, esta Corte Segunda de lo Contencioso Administrativo, administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, decide y declara:
1.- SU COMPETENCIA para conocer del recurso de apelación interpuesto en fecha 24 de mayo de 2007, por el abogado José Ricardo Aponte, en su carácter de apoderado judicial de la empresa recurrente, contra la sentencia de fecha 30 de abril de 2007, que declaró sin lugar el recurso de nulidad interpuesto contra la Providencia Administrativa N° 623-03 de fecha 22 de diciembre de 2003, emanada de la INSPECTORÍA DEL TRABAJO DEL MUNICIPIO LIBERTADOR EN EL DISTRITO CAPITAL, mediante la cual se declaró con lugar la solicitud de reenganche y pago de salarios caídos interpuesta por el ciudadano Henry Antonio Franco Rivas, titular de la cédula de identidad N° 9.960.648 contra la sociedad mercantil OPTICA BILLI, C.A, al inicio plenamente identificada.
2.- SIN LUGAR el mencionado recurso de apelación.
3.- CONFIRMA el fallo apelado.

Publíquese, regístrese y notifíquese. Remítase el expediente al Juzgado de origen. Déjese copia de la presente decisión. Cúmplase lo ordenado.
Dada, firmada y sellada en la Sala de Sesiones de la Corte Segunda de lo Contencioso Administrativo, en la ciudad de Caracas, a los tres (03) días del mes de julio de dos mil ocho (2008). Años 198º de la Independencia y 149º de la Federación.

El Presidente,


EMILIO RAMOS GONZÁLEZ



El Vicepresidente,


ALEXIS JOSÉ CRESPO DAZA


El Juez,


ALEJANDRO SOTO VILLASMIL
Ponente




El Secretario Accidental,


HUGO RAFAEL MACHADO

ASV/i
Exp. Nº AP42-R-2007-000972

En fecha _________________________ ( ) de________________ de dos mil ocho (2008), siendo la (s) _____________ de la ________________, se publicó y registró la anterior decisión bajo el Nº _____________________.
El Secretario Accidental