REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
CORTE SEGUNDA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

Caracas, __________ ( __ ) de _________ de 2011
Años 200° y 152°

El 25 de enero de 2011, la Unidad de Recepción y Distribución de Documentos (URDD) de las Cortes de lo Contencioso Administrativo, recibió el Oficio número 10-1881, de fecha 13 de diciembre de 2010, emanado del Juzgado Superior Tercero en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Circunscripción Judicial de la Región Capital, contentivo del recurso contencioso administrativo funcionarial, interpuesto por los abogados Carlos Alberto Pérez, Rosa Linda Cárdenas Martínez y Walkiria Rengifo Villarroel, inscritos en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo los números 8.067, 14.036 y 117.979, respectivamente, actuando con el carácter de apoderados judiciales de la ciudadana MILAGROS JOSEFINA GARCÍA GONZÁLEZ, titular de la cédula de identidad número 7.222.879, contra el MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO.

Tal remisión se efectuó en virtud de la apelación ejercida en fecha 20 de octubre de 2010, por la abogada María Nailin Astor, inscrita en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el Nº 87.819, actuando con el carácter de apoderada judicial del organismo querellado, ante la decisión dictada por el Juzgado supra mencionado en fecha 18 de octubre de 2010, mediante la cual declaró “la nulidad del acto administrativo Nº 00370 de fecha 25 de mayo de 2009” ordenando “la reincorporación de la ciudadana MILAGROS JOSEFINA GARCÍA GONZÁLEZ (…) al cargo que ejercía para el momento de su remoción y consecuente retiro” (Negrillas del original).

En fecha 26 de enero de 2011, se dio cuenta a esta Corte, se ordenó la aplicación del procedimiento de segunda instancia contemplado en el Título IV, Capítulo III, artículo 87 y siguientes de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contenciosa Administrativa, en el entendido que dentro de los diez (10) días de despacho siguientes, la parte apelante debería presentar por escrito los fundamentos de hecho y de derecho de su apelación; igualmente, se designó ponente al Juez EMILIO RAMOS GONZÁLEZ.

En fecha 8 de febrero de 2011, compareció la abogada María Nailin Astor Otero, antes identificada, actuando con el carácter de apoderada judicial de la parte querellada, consignando escrito de fundamentación a la apelación.

El día 21 de febrero de 2011, comparecieron las abogadas Rosa Cárdenas y Walkiria Rengifo, antes identificadas, actuando con el carácter de apoderadas judiciales de la parte querellante, consignando escrito de contestación a la fundamentación de la apelación presentada.

Mediante auto de fecha 1º de marzo de 2011, se dejó constancia del vencimiento del lapso para la contestación a la fundamentación de la apelación y se ordenó pasar el expediente al Juez Ponente.

En fecha 2 de marzo de 2011, se pasó el expediente al Juez Ponente Emilio Ramos González.

I

El ámbito objetivo del recurso de apelación ejercido lo constituye la decisión proferida por el Juzgado Superior Tercero en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Circunscripción Judicial de la Región Capital, en fecha 18 de octubre de 2010, mediante la cual declaró “la nulidad del acto administrativo Nº 00370 de fecha 25 de mayo de 2009” ordenando “la reincorporación de la ciudadana MILAGROS JOSEFINA GARCÍA GONZÁLEZ (…) al cargo [de Coordinadora de Área] que ejercía para el momento de su remoción y consecuente retiro” del Ministerio del Poder Popular para la Planificación y Desarrollo (Negrillas del original).


En tal oportunidad, dicho Juzgado Superior declaró que “(…) la parte querellante aleg[ó] el vicio de falso supuesto de hecho, argumentando que la Administración erradamente consideró que en el cargo que ostentaba ejercía funciones de confianza, catalogando dicho cargo como de libre nombramiento y remoción; resultando esto totalmente falso por cuanto, según su decir, el cargo de Coordinador de Área se encuentra adscrito y es dependiente jerárquica y funcionalmente de la Dirección General de Relaciones Laborales, no encuadrando tales funciones en los extremos establecidos en el artículo 21 de la Ley del Estatuto de la Función Pública”. [Corchetes de esta Corte].

Indicó además, que “(…) se verific[ó] de las múltiples pruebas consignadas por ambas partes, que la representación judicial del organismo recurrido no logr[ó] probar que efectivamente las funciones asignadas a este cargo fuesen de confianza, limitándose a señalar generalizadamente una serie de funciones que en nada ilustran a este Tribunal a los fines de aclarar la situación de la recurrente. De igual manera, es preciso aclarar, tal como lo señal[ó] la representación judicial del organismo querellado, que el único documento que certifica las funciones de los funcionarios en los organismos del Estado es el Registro Informativo de Cargos (RIC), correspondiéndole a la Administración, definir y demostrar la actividad del funcionario de forma concreta, específica e individualizada, siendo dicho registro el medio idóneo para demostrar las funciones que el querellante cumplía y que permite determinar el grado de confianza necesario a los fines de la aplicación de la norma en referencia, razón por la cual no se explica este juzgador por que la parte querellada no consignó tal documento de esencial importancia dentro del presente proceso”. [Corchetes de esta Corte].

Resaltó igualmente, que “(…) siendo la regla que los cargos de la Administración Pública son de carrera y la excepción los cargos de libre nombramiento y remoción, tal como lo establece la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, y no habiendo probado el organismo querellado la condición del cargo de Coordinador de Área, adscrito a la Dirección General de Relaciones Laborales, se concluye que el cargo que ejercía la querellante era de carrera, el cual goza de la estabilidad consagrada en la ley que regula la materia para los funcionarios bajo estas condiciones, y así se decid[ió]”. [Corchetes de esta Corte].

Por último, concluyó que “[d]e acuerdo a la premisa de que el cargo que ejercía el querellante era de carrera, se evidencia que la ciudadana MILAGROS JOSEFINA GARCIA GONZALEZ era titular del cargo de Coordinador de Área, adscrito a la Dirección General de Relaciones Laborales del Ministerio del Poder Popular para la Planificación y Desarrollo, lo cual demuestra el vicio de falso supuesto de hecho en cuanto a la errónea interpretación de los acontecimientos, resultando forzoso para este Sentenciador declarar la nulidad absoluta del acto administrativo N° 000370 de fecha 25 de mayo de 2009, emanado del Ministerio del Poder Popular para la Planificación y Desarrollo, en virtud de constituir el falso supuesto un vicio en la causa del acto administrativo, tal como lo ha establecido reiteradamente la jurisprudencia del Tribunal Supremo de Justicia, y así se decid[ió]” [Corchetes de esta Corte].


En atención a lo anterior, por cuanto en el caso de autos se trata de la apelación de una sentencia mediante la cual fue declarada la nulidad absoluta de los actos administrativos mediante los cuales la parte querellante fue removida y retirada del cargo de Coordinadora de Área, adscrita a la Dirección General de Relaciones Laborales del Ministerio del Poder Popular para la Planificación y Desarrollo, calificado por el organismo querellado como de confianza y, por ende, de libre nombramiento y remoción, esta Corte estima que dada las circunstancias específicas del presente caso resulta necesario verificar las funciones del mismo, pues ello permitirá establecer con precisión si dicho cargo, atendiendo a las funciones propias de éste, puede ser calificado como de libre nombramiento y remoción, con el propósito de verificar si los actos impugnados, se encuentran ajustados o no a derecho.

Por lo tanto, siendo que de la revisión de las actas que integran el expediente judicial, no se pudo constatar la existencia, bien del Registro de Información de Cargos, del Manual Descriptivo de Clases de Cargos o cualquier otro documento similar; y, dado que el objeto de la presente controversia va circunscrita a la presunta cualidad de cargo de confianza y, por ende, de libre nombramiento y remoción del cargo Coordinador de Área, adscrita a la Dirección General de Relaciones Laborales del Ministerio del Poder Popular para la Planificación y Desarrollo, esta Corte Segunda de lo Contencioso Administrativo, en aras de realizar un pronunciamiento ajustado a derecho, y de salvaguardar el derecho a la defensa de las partes y de brindar la tutela judicial efectiva los derechos de las mismas al momento de emitir su decisión, ordena al Ministerio del Poder Popular para la Planificación y Desarrollo, de conformidad con lo previsto en el artículo 39 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, para que en el lapso de cinco (5) días continuos a partir de su notificación, remita a esta Corte, el Registro de Información de Cargos, el Manual Descriptivo de Clases de Cargos de esa Institución o cualquier otro documento similar, específicamente, en el que se evidencie el grado y las funciones atribuidas al referido cargo de “Coordinador de Área”, a fin que permita a este Órgano Jurisdiccional conocer las funciones del cargo antes señalado.

En caso contrario, esta Órgano Jurisdiccional advierte expresamente al Ministerio del Poder Popular para la Planificación y el Desarrollo, que una vez transcurrido dicho lapso sin que exista constancia en autos de la documentación solicitada, procederá a dictar sentencia conforme a los alegatos y a la documentación que consta en autos.

II

Ahora bien, esta Corte Segunda de lo Contencioso Administrativo, en razón del criterio asumido en su sentencia Número 2008-00171 de fecha 8 de febrero de 2008, estima necesario notificar igualmente a la ciudadana Milagros Josefina García González, a fin de que tenga conocimiento de dicho requerimiento y, de ser el caso, cuente con lo oportunidad de impugnar la información que sea consignada, esto, dentro de los cinco (5) días de despacho siguientes a que conste en autos dicha información, para lo cual se considerará abierta la articulación probatoria prevista en el artículo 607 del Código de Procedimiento Civil, de acuerdo a lo expuesto en la sentencia antes señalada. Así se decide.

Con base en las consideraciones expuestas, esta Corte Segunda de lo Contencioso Administrativo, ordena notificar al MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA PLANIFICACIÓN Y EL DESARROLLO, para que dentro de los cinco (5) días de despacho siguientes a su notificación, dé cumplimiento a lo ordenado.


Igualmente, se ordena notificar a la ciudadana Milagros Josefina García González, a fin de que tenga conocimiento del presente requerimiento.
Publíquese, regístrese y notifíquese. Cúmplase lo ordenado.

El Presidente,


EMILIO RAMOS GONZÁLEZ
Ponente



El Vicepresidente,



ALEXIS JOSÉ CRESPO DAZA

El Juez,


ALEJANDRO SOTO VILLASMIL


La Secretaria,



MARÍA EUGENIA MÁRQUEZ TORRES


Expediente Número AP42-R-2011-000069
ERG/019






En fecha ____________ ( ) de ___________ de dos mil once (2011), siendo la (s) _____________ minutos de la __________ ( ), se publicó y registró la anterior decisión bajo el Número _________.

La Secretaria,